Red Nacional de Resistencia Civil

El camino de las resistencias y la exigencia de la energía eléctrica como un derecho humano

Nuestro movimiento de resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica, cuya expresión principal ha sido el no pago de los recibos de luz, inició desde 1992 en el estado de Chiapas, como respuesta a la reforma impulsada por Salinas de Gortari a la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica. A lo largo de estos años, ha ido tomando fuerza en varios estados de la República, en un inicio en Chiapas, Campeche y Veracruz y luego en el 2009 con la conformación de la Red Nacional de Resistencia Civil se contaba con la participación de siete estados. También se han integrado organizaciones que realizan la defensa del territorio contra megaproyectos, como APIIDTT y FPDTA Morelos, Puebla, Tlaxcala.

Actualmente, estamos integrados con organizaciones de los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán y Chihuahua. Seguimos independientes de gobiernos y partidos políticos; no hemos visto en ellos ningún interés real por aportar soluciones de fondo a las necesidades de los pueblos, particularmente en este asunto de las altas tarifas de luz, a pesar de que existen múltiples organizaciones a lo largo y ancho del país en torno a este tema. Siguen respondiendo a los intereses del gran capital mundial y de los gobiernos que los respaldan.

En octubre del 2009, el gobierno federal decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, nos movilizamos en solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) e iniciamos una articulación con ellos que nos llevó, el 13 de septiembre del 2013, a presentar en el Congreso de la Unión una iniciativa conjunta de reforma al artículo cuarto constitucional para el reconocimiento del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. La respuesta de los legisladores llegó tres meses después con la aprobación de la Reforma Energética, en sentido totalmente contrario a nuestra propuesta, emanada de la exigencia de la población de unas tarifas justas de la luz.

En el 2020, con la nueva configuración del Congreso, decidimos presentar nuevamente una iniciativa de reforma al artículo cuarto constitucional en el que se estableciera que todas las personas tienen derecho al acceso y disposición de la energía eléctrica de manera suficiente, aceptable, asequible y de calidad para uso personal y doméstico y que el Estado deberá garantizará el respeto a este derecho.

Hemos sufrido represión ,hostigamiento, el asesinato de dos compañeros: Alberto Toledo de la comunidad de Chahuites, estado de Oaxaca y Samir Flores Soberanes de la comunidad de Amilcingo, Morelos, encarcelamientos, así asi como amenazas de muerte.

Insistimos sobre la importancia del reconocimiento del acceso a la luz como un derecho humano porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza cortes del suministro eléctrico, y al quedarnos sin energía, se ven afectados el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, al trabajo, a una vida digna, vivienda adecuada. Para el ejercicio de estos derechos se necesita la energía eléctrica, es decir un salón de clases, casas de salud, el hogar necesita de la energía.

Aunado a ello, los usuarios, al no poder pagar el recibo de luz, se ven obligados a buscar reconectar el servicio, por lo que CFE presenta demandas civiles y denuncias penales por “robo de fluido eléctrico”, violentando el derecho a la seguridad jurídica de los usuarios, porque se utiliza todo el aparato judicial para criminalizar la pobreza, al no poder pagar recibos exorbitantemente caros.

Para nosotros el acceso a la energía eléctrica debe constituirse como un derecho humano, o elemento fundamental para el disfrute de otros derechos humanos, atendiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, existe todo un marco normativo internacional de protección de los Derechos Humanos establecidos en diversos tratados suscritos por México como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.

Como Red Nacional no coincidimos con el debate actual “privatización versus renacionalización” sino que pensamos que más que regresar a la centralización mediante empresas paraestatales que, en la historia de nuestro país, han sido sinónimo de corrupción y mal servicio, pretendemos avanzar hacia la generación de la electricidad a través de energías renovables desde nuestras comunidades y como cooperativas u otras formas asociativas. Pensamos que es sumamente importante diseñar e implementar, con la participación de los pueblos, incluyendo mujeres, hombres y jóvenes, una nueva matriz energética en nuestro país, no basada sobre los recursos fósiles, con la finalidad urgente de mitigar el cambio climático.

En todos estos años, nos hemos fortalecido mutuamente con el intercambio de experiencias. Estamos construyendo juntos y juntas nuestras estrategias de lucha. Con las capacitaciones a técnicos electricistas comunitarios, garantizamos el mantenimiento, y en ciertos casos la ampliación de las líneas de energía eléctrica en nuestros territorios. Con la cooperación mínima de las familias en resistencia, constituimos fondos económicos comunitarios, regionales y nacionales de mantenimiento y resistencia. Conformamos nuestro equipo de abogados y abogadas del movimiento. Permanentemente estamos informando y formándonos en una conciencia de defensa de nuestros derechos humanos y derechos de los pueblos originarios, así como de conciencia ambiental en defensa del territorio, y estamos incursionando hacia la autogeneración comunitaria y sustentable de energía eléctrica, o como le decidimos nombrar: “Autonomía Energética”. •

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