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En Breve, denuncia penal sobre caso Pegasus

Rompimos el monopolio de farmacéuticas que imponían sus condiciones al gobierno

Ya están en el país 95 por ciento de los fármacos solicitados a través de la ONU: Roberto Salcedo Aquino

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▲ Salcedo Aquino, con Romero Hicks y Angulo Briceño, durante su comparecencia en San Lázaro.Foto Cristina Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de octubre de 2021, p. 13

La lucha contra las farmacéuticas fue terrible, expresó ayer ante diputados el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino.

Rompimos el monopolio, nos vendían a precios exagerados, bajo sus condiciones, señaló en su comparecencia ante las comisiones de Transparencia y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Informó que se investiga a unas empresas por incumplimiento de entrega y a otras se les ha sancionado por varios millones de pesos y resaltó que ahora 95 por ciento de los fármacos solicitados a través de la Naciones Unidas ya están en la nación.

En una comparecencia que fue su primera aparición pública desde que asumió el cargo en junio, Salcedo Aquino explicó que, en 2019, los estados desviaron 55 mil millones de pesos de fondos federales y de ellos deberán devolver alrededor de 20 mil millones.

Como parte de la miscelánea de temas que los legisladores abordaron, adelantó que en breve presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad y de la desaparecida Policía Federal que contrataron el programa Pegasus y lo utilizaron para espionaje político y no para combatir el crimen organizado.

Tenemos abierta la investigación. ¿Quién lo adquirió? ¿Para qué se compró y por qué se utilizó en situaciones que no eran las de inteligencia? Estamos sustanciando el asunto y pronto lo tendrá la FGR, expuso.

Casi al cierre de la reunión, la diputada Inés Parra Juárez (Morena) aseguró que en la Secretaría del Bienestar persisten la corrupción y las viejas mañas de condicionar la entrega de programas sociales, el clientelismo y necios intermediarios que se niegan a desaparecer, aunque todo ello implique delitos electorales sin derecho a fianza.

Refirió que presentó una denuncia de casos de nepotismo y desvío de recursos, e incluyó las pruebas, cuando la secretaria del Bienestar era María Luisa Albores –hoy titular del Medio Ambiente– y su caso lo turnaron a la Función Pública, cuando la encabezó Irma Eréndira Sandoval.

Y no se me ha hecho caso, de ella hubo una actitud evasiva y no se ha producido respuesta alguna hasta el momento. No se ha corregido la corrupción, ni se ha sancionado o amonestado a nadie y continúan tan campantes, corrompiendo al servicio público, reprochó.

Incluso pidió mano dura a esos funcionarios, para no darle argumentos a la oposición. No tenga miedo, actúe para limpiar el servicio de corruptos, le pidió al secretario.

En respuesta, Salcedo Aquino sostuvo que el combate a la corrupción en este gobierno es real, muy concreto, en contraste con otras administraciones donde la inercia era hacia una mayor corrupción e impunidad.

Informó que analizan 79 denuncias por presuntas faltas administrativas de funcionarios de la Secretaría del Bienestar, de los cuales 75 están bajo investigación por incumplimiento de las reglas de operación de los programas sociales, conflictos de intereses, nepotismo y desvío de recursos públicos.

También se refirió a otro de los programas prioritarios del gobierno federal, Jóvenes Construyendo el Futuro, a pregunta de diputados de MC.

Manifestó que existen 102 expedientes radicados por posibles faltas administrativas relacionadas con la operación del programa, pero acotó que hasta ahora sólo se ha detectado una desviación de 0.3 por ciento de los recursos.

Asimismo, Salcedo Aquino afirmó que México avanzó 25 puntos en percepción de confianza en el gobierno federal y citó que, por casos de corrupción en licitaciones y obras, se han sancionado a 165 empresas y proveedores, con multas por 154 millones de pesos, así como a 2 mil 647 funcionarios públicos, y de éstos se han aplicado 219 penas por 3 mil 658 millones de pesos.