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Autoridades, omisas en proteger a tarahumaras desplazados
Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 12 de octubre de 2021, p. 28

Chihuahua, Chih., Familias desplazadas por el crimen organizado de las comunidades serranas El Manzano, municipio de Uruachi y Monterde, en Guazapares, comparecieron ayer ante los juzgados de distrito 8 y 12, en esta capital, para exigir información sobre tres juicios de amparo contra la omisión de autoridades locales y federales en la aplicación de la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado Interno.

Consultoría Técnica Comunitaria AC (Contec), organización que apoya y asesora a las poblaciones rarámuris presentó a las personas desplazadas, quienes dieron a conocer en conferencia que en mayo pasado interpusieron amparos por la omisión de todas las autoridades en garantizarles sus derechos.

Denunciaron que fueron expulsadas de sus pueblos en 2014 y 2015 por narcos, sin que a la fecha exista un programa de protección y reparación que las asista y les permita el retorno a la sierra Tarahumara.

Cruz Sánchez, originario de El Manzano, relató que dejó su pueblo el 29 de marzo de 2015; otras familias fueron desplazadas en 2016 somos más de 70 personas de la comunidad, nos han apoyado en refugios, pero faltan cosas por hacer y hasta ahora no hay respuesta.

Solicitó que el gobierno estatal gestione la donación de terrenos en la ciudad de Chihuahua, para construir viviendas, servicio médico y empleo; además, que la fiscalía estatal dé seguimiento a las investigaciones contra los criminales causantes del desplazamiento forzado, algo que no se ha llevado a cabo.

Margarita Contreras residía en Monterde; recordó que debió dejar su terruño en 2014, luego de que delincuentes asesinaron a su esposo y a otros parientes, por lo que la familia huyó a la capital del estado. Teníamos una huerta de manzana, casa, animales, y tierras de cultivo; con los años las amenazas siguen por el mismo grupo armado y no podemos regresar, somos 20 personas.

Contec explicó que los expulsados de sus comunidades han tramitado amparos, porque no existe un plan integral de atención a la violencia en la Tarahumara, con política pública y presupuesto; además, las autoridades justifican que no hay legislación en temas como el desplazamiento forzado para no respetar su derecho a la justicia, la reparación y no repetición.

Recordó que acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares, ante la situación de gravedad y las recibieron en abril de 2015, aunque han sido insuficientes para garantizar su protección.