l Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) publicó ayer un comunicado en el que expresa su enorme preocupación ante la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, por considerar que resta competitividad al país, pone en riesgo el combate al cambio climático y genera incertidumbre para la inversión. Asimismo, la asociación civil, integrada por 56 empresas multinacionales con presencia en México, afirma que restringir el porcentaje de participación del sector privado tendría graves implicaciones en la transmisión y distribución de suministro eléctrico, por lo que existe el riesgo de que ocurran cortes de energía y se afecte la estabilidad de cadenas de suministro nacionales e internacionales. También considera un grave precedente la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), así como el traslado del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), órganos reguladores a los que califica de indispensables para garantizar condiciones parejas de competencia.

n el primer párrafo de la exposición de motivos de la iniciativa por la que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, se establece claramente lo siguiente:

o mismo en Chiapas que en Chihuahua, la violencia mata integrantes de pueblos originarios y serranos, despoja, devasta y desplaza familias y comunidades enteras. Los criminales se ensañan con las comunidades más vulnerables y marginadas. Puede ser Pantelhó o Uruachi, el sureste o el noroeste del país, da lo mismo.

i de suyo es difícil concebir una relación entre la ciencia y la delincuencia organizada, más difícil resulta imaginar que científicos concretos formen parte de grupos delincuenciales. La razón de este imaginario es simple: por definición, los científicos dedican sus esfuerzos a producir conocimientos que resuelvan los problemas sociales, mientras los otros actúan fuera de la ley procurándose un beneficio personal, sin importar que con ello perjudiquen al resto de la sociedad. Por eso es entendible el rechazo que ha generado en ciertas capas sociales, la mayoría de ellas integradas por científicos o por instituciones que promueven la ciencia, la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) ha formulado contra algunos científicos mexicanos, señalándolos como responsables de delincuencia organizada. Si a esto se agrega que los involucrados han difundido la especie de que se les persigue por sus actividades científicas, eso les genera simpatías.

ace casi tres meses, el 11 de julio, los medios hegemónicos pronosticaban el fin de la revolución cubana, supuestamente arrollada por protestas populares pacíficas. En verdad, lo que ocurrió ese día fue la fulminante derrota por el pueblo cubano de un plan contrarrevolucionario que a Estados Unidos (EU) le tomó años de preparación.