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Salen en defensa de los 31 imputados por la FGR

Directores de la UNAM acusan clima de linchamiento contra científicos
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▲ Dos de las investigadoras bajo la lupa, Gabriela Dutrénit y Julia Tagüeña, niegan haber incurrido en ilícitos.Foto María Luisa Severiano
 
Periódico La Jornada
Martes 28 de septiembre de 2021, p. 13

El Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM manifestó su apoyo a los 31 integrantes del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT), a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de captura por presuntos delitos cometidos con recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

A través de una carta, señaló que resulta de gran preocupación la acusación desproporcionada de que han sido objeto los 31 científicos y funcionarios que trabajaron en el FCCyT en las administraciones anteriores. Sin menoscabo de las aclaraciones administrativas que resulten pertinentes, salta a la vista la improcedencia de los delitos graves de los que se ha acusado a personas que han sido condenadas a priori por diferentes instancias del sector público, sin que se escuche a los imputados y sin que exista la garantía de un debido proceso, que en el contexto de la legislación nacional implicaría la presunción de inocencia y la correcta impartición de justicia.

Apuntó que esta situación genera un clima de “desconfianza y linchamiento hacia los científicos que peligrosamente algunas voces pretenden extender hacia la comunidad académica del país, abonando a la desconfianza en sus instituciones educativas y a la deconstrucción de un aparato crítico indispensable para el desarrollo de toda la nación que busque mantenerse a la vanguardia en el mundo moderno.

El colegio añadió que quienes suscriben la carta respaldan con convicción y contundencia el mensaje del rector de la UNAM, Enrique Graue, quien hace unos días consideró un despropósito” la acusación inconcebible de asociación delictuosa contra el grupo de académicos. Confiaron en la correcta aplicación de las leyes, la impartición de la justicia y el respeto a los derechos fundamentales de los científicos señalados. Sólo mediante la adecuada y respetuosa interacción entre la academia y el gobierno se puede aspirar a una ciencia más humana y al servicio de la sociedad.