Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, propuso actualizar los precios de venta al público de la vivienda de interés social y popular al establecer su valor en unidades de medida y actualización (UMA), que sustituye a las de cuenta en la Ciudad de México por medio de una iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda, de Desarrollo Urbano y al Código Fiscal.

El proyecto enviado al Congreso local busca reformar, además, la Norma de Ordenación 26 para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular, que formaliza la exclusividad para hacer uso de dicho instrumento de planeación al instituto en la materia (Invi), a Servicios Metropolitanos (Servimet) y a los organismos públicos dedicados a la construcción y gestión para sus derechohabientes.

Asimismo, los desarrolladores privados intervendrán en proyectos con la Norma 26 sólo con la participación de uno o más entes públicos.

Suben montos en pesos

La iniciativa prevé conferir a las secretarías de Administración y Finanzas, Desarrollo Urbano y Vivienda, al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Servimet y al Invi la facultad para proponer modificaciones al valor de la vivienda en función de las variaciones de precios en materiales para construcción, la inflación y el costo del suelo.

En el caso de la vivienda de interés popular el precio máximo de venta al público pasa de 5 mil 400 unidades de cuenta a 6 mil UMA (537 mil 720 pesos, a su valor actual), y el tope máximo de 9 mil unidades a 10 mil 800 UMA (967 mil 896 pesos).

La de interés social se actualiza de 5 mil 400 a 6 mil UMA y se subsana la ausencia del precio máximo de venta para la sustentable, que se incorpora con un rango de 10 mil 800 UMA a no más de 17 mil 314 (un millón 551 mil 680.68 pesos).

Para garantizar el precio de venta, la Norma 26 dispone que el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, al momento de la inscripción del régimen de vivienda en condominio, anotará en el folio real del predio que el inmueble está sujeto a la aplicación de la norma y su costo se mantendrá durante los siguientes cinco años y se aplicará sólo la inflación anual.

Se delimitan los territorios para su instauración con su respectiva zonificación y el número de niveles que podrán incrementar condicionados a la incorporación de los criterios de sustentabilidad sobre ahorro de agua, energía y área libre de construcción.