Brasilia. La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó ayer al Supremo Tribunal Federal (STF) la instauración de una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro por el presunto delito de prevaricación ante las sospechas de que no denunció una tentativa de corrupción en la compra de la vacuna india Covaxin para atacar el Covid-19.

A fin de dar los primeros pasos de la investigación, el viceprocurador Humberto Jacques de Medeiros pidió la autorización de la jueza de la corte suprema Rosa Weber para solicitar informaciones sobre el caso y el eventual envío de pruebas recogidas por otros organismos judiciales y legislativos, según un comunicado de la PGR.

Jacques de Medeiros afirmó que hay que aclarar las circunstancias del posible aviso dado a Bolsonaro para ver si realmente configura un delito de prevaricación, porque el ilícito en sí habría sido cometido por funcionarios públicos.

El auto de apertura de la pesquisa determina que se escuche a los autores del hecho. De autorizarse, el mandatario podría ser investigado. El STF debate si puede enviar su postura por escrito o debe ser interrogado de forma presencial.

En un caso de denuncia, se debe autorizar con el voto de dos tercios de los diputados para que el STF juzgue la acusación, pero éste decidirá si la acepta. Si se sigue esta línea, se abre una acción penal que puede resultar o no en una condena.

Tres senadores, entre ellos Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), presentaron el lunes una demanda para investigar si Bolsonaro incurrió en el delito de prevaricación al no denunciar la presunta sobrefacturación en la compra de la vacuna del laboratorio Bharat Biotech, cuyo contrato fue cancelado.

La factura de 45 millones de dólares por 20 millones de dosis aterrizó el 18 de marzo en el escritorio de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud, quien transmitió sus dudas a su hermano, el diputado federal bolsonarista Luis Miranda.

Cada dosis fue negociada a 15 dólares, un precio muy superior al de otras vacunas disponibles en el mercado, como las del laboratorio estadunidense Pfizer, por ejemplo, que fueron ignoradas durante meses por el gobierno central.

Según los Miranda, Bolsonaro los recibió el 20 de marzo en su residencia en Brasilia y les aseguró que comunicaría esas sospechas a la Policía Federal, algo que aparentemente nunca hizo. La mala praxis es cuando un funcionario es informado de una irregularidad, pero demora su acción o no actúa para que pueda ser investigada y sancionada.

De Medeiros solicitó inicialmente que el STF rechace la demanda de investigar al presidente, al justificar que de eso lo investigaba la CPI. Weber denegó esa solicitud con el argumento de que la PGR no podía permanecer en el papel de espectador de las acciones de los poderes de la república.

En otro golpe a la campaña de vacunación en Brasil, casi 26 mil personas fueron inmunizadas con vacunas de AstraZeneca caducadas, según un recuento del diario Folha de São Paulo hecho con datos del Ministerio de Salud, pero varios gobiernos de las ciudades en las que se aplicó el biológico, como Maringá, São Paulo, Juiz de Fora y Belo Horizonte, rechazaron la publicación.

Bolsonaro, quien ha tenido un deficiente desempeño en la pandemia, con 521 mil 952 muertos, aseguró que entregará el poder a quien gane limpiamente las elecciones presidenciales del próximo año, pero destacó que no lo hará si hay algún fraude. El ex presidente Luis Inacio Lula da Silva lidera la carrera electoral con 30 puntos de diferencia de Bolsonaro, según una encuesta de Novara Media.