omo en tantas otras privatizaciones del régimen neoliberal, la de los ferroca-rriles mexicanos tuvo el mismo fin: pér-didas para el Estado y pingües ganancias para el grupúsculo de empresarios amigos del gobierno en turno (en este caso el de Ernesto Zedillo, quien terminó como empleado de una de las trasnacionales beneficiadas por su decisión). Han pasado 26 años desde el banderazo de salida y las grandes promesas de entonces (crecientes inversiones, competencia que estimulará la participación de otros actores, decidido impulso al crecimiento económico, vertiginoso avance de la red ferroviaria, empleo y mu cho más) siguen como asignatura pendiente.

A fin de cuentas, y tras algunos enjuagues en-tre los compradores originales, la competencia promovida por tal privatización terminó en lo previsible: Grupo México (del tóxico empresario Germán Larrea) y la trasnacional Kansas City Southern de México se quedaron con más de 90 por ciento del pastel de los ferrocarriles en el país y el Estado perdió dinero por doquier.

Ahora que en el Senado de la República promueven reformas a la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario, vale la pena que los le-gisladores tengan a la mano la siguiente información: más allá del duopolio y la extranjerización que promovió la privatización, en los 26 años transcurridos desde la brillante decisión de Ernesto Zedillo, la longitud total de la red fe-rroviaria del país a duras penas aumentó 105 ki-lómetros, a razón anual promedio de 4.03 kiló-metros, al pasar de 26 mil 622 kilómetros en 1997 a 26 mil 727 kilómetros en 2018; o sea, un crecimiento de 0.4 por ciento en el periodo, lo que ni de lejos se puede considerar un gran beneficio para el país, amén de que todas las ganancias se quedan en el citado duopolio.

Sólo como referencia histórica: cuando Porfirio Díaz abordó el Ypiranga México contaba con 19 mil 528 kilómetros de longitud total de red ferroviaria. De entonces al gobierno de Zedillo dicha red creció casi 7 mil 100 kilómetros (que tampoco es para presumir), es decir, un alza de 36.3 por ciento en el periodo. En los siguientes 26 años los beneficiarios de la privatización la aumentaron 105 kilómetros. Vale señalar que sólo el proyecto del Tren Maya implica mil 500 kilómetros adicionales de red. En su informe de gobierno de 1909, Porfirio Díaz presumía que los ferrocarriles de jurisdicción federal han tenido en el semestre próximo pasado un aumento de 263 kilómetros en la construcción de nueva red; es decir, en sólo seis meses construyó 2.5 veces más que en 26 años de moderna privatización zedillista.

En fin, según información de La Jornada (Víctor Ballinas), ayer las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y la de Estudios Legislativos Segunda aprobaron por mayoría un dictamen de reformas a la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario, el cual establece vigencia de 30 años para las construcciones ferroviarias, con posibilidad de prorrogarse en cuanto a las empresas den mejores resultados. Actualmente las concesiones para construir, operar y explotar vías férreas se otorgan hasta por 50 años prorrogables por otras cinco décadas.

También contemplan sanciones y multas por el equivalente a de 5 a 10 por ciento de los ingresos del concesionario, asignatario o permisionario. En el dictamen aprobado se destaca que en México actualmente 95 por ciento de la industria ferroviaria descansa en un consorcio y una empresa lo que en otros sec-tores económicos implicaría la existencia de duopolio en el mercado nacional (obviamente de esto la Comisión Federal de Competencia Económica no dice ni pío).

Entonces, he allí el beneficio concreto de pasar de un monopolio de Estado a un duopolio privado con tinte trasnacional. Como bien dice la senadora Jesusa Rodríguez, lo que hizo Ernesto Zedillo con los ferrocarriles es inaceptable y vergonzoso; una tragedia para México.

Las rebanadas del pastel

Ya entrados en gastos, ahora la trasnacional Canadian National Railway va tras la Kansas City Southern (matriz de la que opera en México), para lo cual ofreció la friolera de 33 mil millones de dólares. ¡Qué coincidencias! La firma canadiense también fue privatizada. ¿Beneficios para México? Ninguno.

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