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Nombran alcalde provisional de Coyoacán a ex allegado de Toledo

En A. Obregón y V. Carranza también designan relevos

 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de marzo de 2021, p. 30

El Gobierno de la Ciudad de México nombró a Juan Silva Noyola, ex colaborador del diputado Mauricio Toledo –investigado por corrupción–, como alcalde provisional de Coyoacán.

El Congreso local recibió tres documentos del secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, en los que informa que Alberto Esteva, titular de Administración, quedará al frente de la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que el director general de Gobierno, Juan Jorge Pérez, y la directora general jurídica, Estercita Álvarez, declinaran el cargo.

El ex jefe delegacional Manuel Ballesteros, quien fungía como director general Jurídico y de Gobierno, estará a cargo de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los tres nombramientos serán provisionales hasta que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envíe la terna correspondiente a cada alcaldía y el Congreso seleccione al titular de cada demarcación.

Ayer, en la sesión ordinaria, el pleno aprobó la licencia definitiva de la diputada Evelyn Parra, quien será la candidata de Morena a gobernar Venustiano Carranza. En su lugar se tomó protesta a su suplente, Anayelli Guadalupe Jardón Ángel.

Asimismo, el Congreso exhortó a las autoridades electorales y a la Fiscalía General de Justicia para que atiendan todas las denuncias y quejas relacionadas con discriminación, calumnia y violencia política contra precandidatos en el contexto del proceso electoral.

El diputado de Morena Rigoberto Salgado, quien es objeto de denuncias y medidas cautelares por utilizar a niños en su precampaña y hacer presunto uso de recursos del Congreso, afirmó que hay un incremento de quejas contra varios candidatos en medios de comunicación, por lo que solicitó a todas las instancias dar celeridad a las más de 160 denuncias.

Además, el legislador Fernando Aboitiz Saro propuso una iniciativa de reforma a la ley electoral capitalina para imponer hasta 100 días de multa y prisión de hasta tres años a quien suplante la identidad de un candidato o partido político y distribuya propaganda electoral en perjucio de quienes sean suplantados.