La Suprema Corte de Justicia de la Nación extendió la prórroga al Senado para aprobar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con los cambios ordenados por el Poder Judicial a partir de controversias y otros recursos presentados contra ese ordenamiento, el cual establece que ningún funcionario podrá percibir un salario mayor al del Presidente de la República.

Durante la sesión de clausura del primer periodo ordinario del tercer año de la 64 Legislatura, realizada a distancia, se leyó la resolución de la SCJN,que amplía el plazo para aprobar la ley hasta el 30 de abril de 2021.

El máximo tribunal prorrogó el plazo en consideración a la situación derivada de la emergencia sanitaria ocasionada por el grave riesgo que implica la enfermedad del Covid-19, así como la necesidad de que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión cuente con el tiempo necesario para ejercer sus atribuciones.

Fue la primera reforma aprobada en la Cámara de Diputados, en septiembre de 2018, al inicio de la actual Legislatura, pero la oposición y organismos autónomos presentaron acciones de inconstitucionalidad.

En septiembre de 2019, la Corte dio un año de plazo al Congreso para adecuar la Ley Federal de Remuneraciones, que venció ayer, pero la semana pasada el Senado solicitó una extensión de la prórroga, que el máximo tribunal concedió.

Balance del periodo

El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, hizo un balance del periodo de sesiones que comenzó el primero de septiembre y resaltó que fue una etapa productiva a pesar de que los trabajos ordinarios se vieron interrumpidos por la pandemia.

Se realizaron 28 sesiones, de las cuales 26 fueron presenciales, sumando 160 horas de trabajo. “Aprobamos 60 asuntos, entre los que destacan cuatro reformas constitucionales: en materia de fuero presidencial, fuero de legisladores, nacionalidad y reformas al Poder Judicial de la Federación, cinco leyes de nueva creación en materia de cáncer infantil, regulación de la cannabis, bibliotecas y educación superior.

Asimismo, se aprobaron 36 reformas a diversos ordenamientos, entre los que destacan la convocatoria a consulta popular relativa a las investigaciones para el esclarecimiento de decisiones políticas del pasado.