Todas las modalidades del capitalismo han resultado en un enorme despojo para los pueblos indígenas y la naturaleza de la Sierra Tarahumara: el colonialismo, el desarrollismo, el neoliberalismo, la desposesión por despojo, o el capitalismo criminal.
Desde el Porfiriato muchos “terrenos nacionales” fueron vendidos a particulares a pesar de ser habitados ancestralmente por comunidades indígenas. Bosques, montañas, corrientes de agua, recursos minerales, con todo y gente. Los chabochis los adquirieron a precio de nada. Luego vino una Reforma Agraria que no consideró las formas comunitarias de propiedad e impuso la figura del ejido sobre ellas, juntando o dividiendo comunidades, excluyendo, sobre todo a las mujeres.
Es el caso de Bosques de San Elías, Repechike, en el municipio de Bocoyna. Esta comunidad, luego de una firme lucha logró una sentencia ejemplar del juez octavo de distrito donde reconoce el derecho de la comunidad a su territorio y a la necesaria consulta sobre él. Con base en eso logró que se le indemnizara por la construcción en su territorio del aeropuerto Internacional Creel Barrancas. Se creó un fideicomiso y lo primero que demandaron las mujeres de la comunidad fue la construcción de un local para un taller de costura.
Hace unas semanas, uno de los hoteleros de Creel supuesto propietario gracias a títulos porfiristas, hizo que las autoridades le pusieran sellos al local del taller para evitar la entrada. Al estar la comunidad en una asamblea en dicho local, llegó la Policía Estatal y los condujo escoltados hasta Creel, mujeres, hombres, niñas y niños para que comparecieran ante las autoridades. Aunque éstas alegan que no hubo detención alguna, la comunidad y Asesoría Técnica Comunitaria, la A. C. que la apoya, hablan de cuando menos un “desplazamiento forzado”
Por otra parte, hace más de 20 años de que la comunidad rarámuri de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo, Chih. Reclama de manera pacífica ante los tribunales e instancias administrativas con acompañamiento de Alianza Sierra Madre, A. C. (ASMAC), el reconocimiento y protección de su territorio ancestral y de sus bosques. En 2019 obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Superior Agrario, actualmente bajo análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta lucha le ha valido las más diversas represalias por parte de los caciques de Coloradas de los Chávez: asesinato de 3 personas, líderes y autoridades tradicionales, desplazamiento de familias bajo alto riesgo, amenazas y agresiones permanentes, a la comunidad y a la directora de ASMAC.
Las represalias sufridas por Choréachi y por ASMAC se encuentran debidamente documentadas y denunciadas formalmente ante las autoridades competentes, lo que dio lugar a la intervención del Mecanismo de protección de Personas defensoras de derechos humanos y Periodistas, coordinado por la Secretaría de Gobernación, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última ordenó desde marzo de 2017 al Gobierno mexicano la adopción de medidas provisionales de protección para salvaguardar la seguridad e integridad tanto de la Comunidad, así como investigación y sanción de los responsables por los asesinatos y agresiones que han sufrido y la atención y solución de las causas que les han puesto en riesgo.
A pesar de esto, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, autorizó la explotación de más de 100 hectáreas del bosque de Choréachi a los caciques de Coloradas de los Chávez, pasando sobre los derechos comunitarios y propiciando la invasión de su territorio.
Si el capitalismo neoliberal, bajo las modalidades de explotación forestal, turística o minera sigue actualizando el despojo cotidiano sobre las comunidades indígenas, la modalidad criminal del capitalismo se hace presente con dos cárteles de la droga: La Línea, o el Cártel de Juárez y Los de Sinaloa, quienes han disparado la tala clandestina en municipios de Bocoyna, Guachochi, Guerrero y Madera. Aterrorizan a la población, hacen “levas” de jóvenes, incendian los bosques de quienes se resisten, instalan aserraderos clandestinos, trafican madera. Es más que urgente la acción conjunta de las fiscalías de la República y del Estado, de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, así como la presencia de CONAFOR y PROFEPA para detener este nuevo y demencial despojo.
La contradicción de base en todo esto es que los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara no se consideran dueños de la naturaleza, sino parte de ella. La explotan sólo en cuanto la necesitan. Sienten en ella la presencia del Espíritu. Pero todos quienes han llegado desde fuera sí se consideran dueños, con el derecho a abusar no sólo de los recursos naturales, sino de las mismas comunidades, los reducen a valor de cambio. El problema es que no hay ninguna legislación, por progresista que se diga, que haya considerado esta realidad. Ni el paternalismo indigenista de tiempos del cardenismo, ni el sistema de procuración de la justicia estatal o federal, ni las actuales dependencias federales, como la CONAFOR o la PROFEPA.
Ante el despojo sistémico en la Sierra Tarahumara se presentan dos desafíos a la 4T: primero que nada, ponerle por vez primera un alto contundente. Luego, iniciar un camino participativo hacia un pluralismo jurídico como lo hizo el gobierno de Evo en Bolivia para respetar y proteger la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas.
¿Cuánto habrán de esperar? •