Emilio Zebadúa mantiene abiertas las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR), para no ser llevado a tribunales por la comisión de varios delitos, entre ellos operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, enriquecimiento ilegal y ejercicio indebido del servicio público.

Estas imputaciones están relacionadas con el desvío de más de 5 mil millones de pesos a través de la llamada estafa maestra, así como de otros cargos que se le han formulado por irregularidades detectadas durante su gestión como oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), indicaron funcionarios federales.

De acuerdo con información recabada, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) ha iniciado al menos cuatro carpetas de investigación en las que se menciona como indiciado a Emilio Zebadúa.

En las indagatorias, señalaron las autoridades, se ha aportado información que refiere que el ex oficial mayor de las secretarías mencionadas era el encargado de una red de funcionarios públicos que elaboraban contratos de obras y servicios que servían para desviar recursos y beneficiar empresas –en algunos casos inexistentes–, y posteriormente transferir parte de los recursos otorgados a cuentas particulares.

Las operaciones tanto de creación de contratos como de falsificación de firmas de los empresarios y funcionarios de universidades públicas, según las declaraciones rendidas, se realizaban en domicilios ubicados en la colonia Polanco, en específico en Tennyson 77 y 125, así como en Horacio 1840; además de Bahía Magdalena 125 y 146, en la colonia Anzures.

Los desvíos que la FGR ha acreditado ascienden a más de 7 mil millones de pesos, con base en revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera e investigaciones de la Secretaría de la Función Pública en torno de los bienes y reportes que entregaron tanto Rosario Robles Berlanga (titular de Sedesol y Sedatu entre 2012 y 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto).

En ese contexto, Zebadúa y sus abogados buscan la consolidación de un acuerdo que le permita no enfrentar procesos penales por los delitos cometidos, y que estos beneficios también se extiendan a sus hermanos.

A cambio, el ex funcionario ha prometido entregar evidencias que lleven a la detención otros ex servidores públicos, ya que presuntamente durante 2015 parte de esos recursos fueron utilizados para financiar campañas políticas de candidatos priístas.