on la ley en la mano, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) decidió poner fin a las viejas prácticas elusivas y evasivas de los grandes corporativos, y de plano acorraló al monstruo oligárquico creado, alimentado, consolidado y mimado por los seis gerentes que ocuparon Los Pinos en el régimen neoliberal. Se acabó, pues, la laxitud y la ceguera fiscal a favor de los barones.

Desde Miguel de la Madrid, pero con el acelerador a fondo a partir de Carlos Salinas de Gortari, el supuesto gobierno nacional –los seis gerentes– reconfiguraron la estructura oligárquica del país desbancando a buena parte la vieja guardia –las familias con pedigrí–, y por medio de las privatizaciones y otras decisiones de Estado, habilitó a un nuevo grupo de empresarios (que financiaron campañas presidenciales, como la de CSG, y demás cargos de elección popular a cambio de todo tipo de favores) que se constituyó no sólo en el nuevo gran poder económico del país, sino en parte activa y decisiva en la toma de decisiones.

En pocas palabras, la nueva oligarquía rápidamente se convirtió en la mafia del poder, en esa minoría rapaz –de todas, ganó todas– que tanto denunció Andrés Manuel López Obrador en sus campañas presidenciales, aunque ahora, paradójicamente, algunos de sus integrantes forman parte de un consejo asesor del inquilino de Palacio Nacional, tal vez con la idea de que a los enemigos hay que tenerlos lo más cerca posible. Pero este grupo, como los gringos, no tienen más que intereses.

Pues bien, resulta que uno de los integrantes de esa minoría rapaz, Ricardo Salinas Pliego (un empresario de medio pelo que vendía electrodomésticos con abonos chiquitos e intereses de agio, que brincó a la lista Forbes a raíz de que el gobierno salinista le entregó, vía privatización y con la ayuda del hermano incómodo, Imevisión; de allí a los bancos, las concesiones mineras, la telefonía móvil, etcétera, etcétera) ha sido denunciado por la titular del SAT, Raquel Buenrostro, por negarse a pagar dos adeudos fiscales.

Y no son una bicoca: uno es mayor a 18 mil millones de pesos (concretamente del Grupo Elektra) y otro por arriba de 2 mil 700 millones, algo así, en conjunto, como mil millones de dólares, o si se prefiere –para entender la magnitud de los adeudos– el equivalente a cerca de la mitad del presupuesto para 2020 de la UNAM.

Parece que el empresario de los abonos chiquitos aprendió mucho de Donald Trump, porque ahora alega, vía Twitter, que mis empresas y yo siempre hemos pagado muchos impuestos; hay diferentes puntos de vista sobre la ley aplicable; por eso acudimos (conforme a derecho) al Poder Judicial, para que aclare y decida lo qué se deba pagar, y lo pagaré. El SAT no es la última instancia.

La cantaleta es conocida: el salvaje de la Casa Blanca, denunciado por evadir al fisco en cuando menos 11 años, de acuerdo con The New York Times, dijo que pagué muchos millones de dólares en impuestos, aunque se negó a presentar la documentación referida y aseguró que sólo se trataba de afirmaciones totalmente inventadas. ¿Se parece el discurso?

Es de suponer que el barón de los abonos chiquitos (a quien, como a otros, los gobiernos neoliberales acostumbraron a no pagar impuestos y, al mismo tiempo, a beneficiarse de multimillonarias devoluciones… de impuestos) irá hasta la última instancia.

Y la propia jefa del SAT ofrece una suerte de corte de caja: de enero a octubre del presente año la recaudación entre grandes contribuyentes prácticamente se duplicó y rebasó los 200 mil millones de pesos; 719 grandes contribuyentes han regularizado su situación fiscal y evitaron terminar en juicio; el siguiente paso es auditar a otros grandes sectores de la economía como el acerero, automotriz, farmacéutico, hidrocarburos, minería, tiendas de consumo y el financiero; la expectativa es recaudar otros 200 mil millones por comercio exterior; hay sectores que no se han revisado en los últimos ocho años, como el de las donatarias que nunca habían sido fiscalizadas.

Las rebanadas del pastel

Entonces, de que pagan, pagan.

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