El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México ha logrado canalizar a familias de acogida sin fines de adopción a 18 menores de edad víctimas de delito, quienes estaban bajo el resguardo en la Agencia 59 para la atención de niños y adolescentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

El propósito de esta estrategia, que comenzó en abril del año pasado, señaló la titular de la dependencia, Esthela Damián Peralta, es garantizar derecho a la familia de estos infantes que fueron violentados generalmente por sus padres o tutores, ante la dificultad de hallar un familiar que se haga cargo de ellos y evitar así que pasen varios meses en la citada instancia ministerial, situación que los revictimizaba.

Actualmente, dijo, se tiene a 450 niños susceptibles de ir a un hogar de acogida, además de los casos que siguen llegando a la Agencia 59; las parejas o personas solteras que soliciten tenerlos bajo su cuidado deben pasar por una valoración sicológica y de trabajo social y garantizar que cuentan con las condiciones para hacerse cargo de ellos, así como estar conscientes de que no pueden adoptar al menor.

Los seleccionados, explicó, reciben una ayuda económica mensual de 4 mil pesos –aunque hay dos casos de las 18 familias en los que se ha declinado recibir ese apoyo– y tienen a los menores bajo su resguardo durante tres meses, plazo que puede ser inferior o mayor si aparece un familiar consanguíneo del niño a reclamarlo y se inicia el proceso para determinar si es viable entregárselo.

Damián Peralta subrayó que en este esquema es el DIF el que decide si la familia es viable, no al revés, y hay un seguimiento permanente para ver la condiciones en que se encuentra el menor. Los lineamientos para el acogimiento temporal de menores víctimas del delito se pueden consultar en la edición de ayer de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Por otro lado, en el Congreso capitalino el pleno reformó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para fortalecer la obligación del gobierno y las alcaldías de prevenir, atender y sancionar los casos de menores obligados a participar en actividades ilícitas o sometidos a explotación sexual, trabajo forzoso o servidumbre por deudas, en la que se faculta al DIF local a establecer albergues o espacios de alojamiento para menores migrantes.