Diversas organizaciones de derechos humanos advirtieron que el pasado miércoles se llevó a cabo el traslado de casi 400 internos del penal de Puente Grande, Jalisco, a otros centros federales de reclusión, sin que hasta el momento sus familiares o representantes tengan información clara ni se haya demostrado la legalidad de esta acción.

El colectivo #AlertaEnCárceles –formado por una docena de organizaciones civiles, entre ellos el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Documenta e Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos– señaló que la mañana del 1º de julio trascendió que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social trasladó a 380 presos de Puente Grande a la base aérea militar número 5, para después reubicarlos en diversos centros federales.

Las siguientes horas han transcurrido en total opacidad. Hasta la tarde de este 2 de julio las autoridades no han confirmado o desmentido la información que se ha hecho del dominio público en medios de comunicación, que señala que la operación se realizó en atención a los perfiles de peligrosidad de las personas trasladadas, quienes fueron supuestamente reubicados en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, en Tomatlán, Michoacán, destacaron las organizaciones.

El traslado, aseguraron, ha causado impacto negativo en las familias y acompañantes, a quienes se les ha negado acceder a información puntual del suceso, certeza jurídica y comunicación con las personas privadas de la libertad, y sin que hasta el momento se tengan mayores detalles de los motivos o la situación actual de las personas trasladadas.