La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados dio a conocer su iniciativa de Ley General de Aguas, que promueve el reconocimiento y acceso de los pueblos indígenas y afroamericanos al recurso que ha significado conflictos intracomunitarios.

Feliciano Flores, diputado por Morena y presidente de ese grupo de trabajo, aseguró que el proyecto final de la citada ley es resultado del trabajo conjunto de los representantes de todos los partidos.

A través de una presentación virtual, argumentó en favor de la propuesta y ponderó que promueve la rendición de cuentas, transparencia e incentiva el uso eficiente, a la vez que incluye sanciones e infracciones por su empleo ineficiente.

Establece, dijo, la transversalidad del derecho al agua y su saneamiento, mejora el presupuesto para infraestructura hídrica, incorpora la desalación del agua de mar, el aprovechamiento de la lluvia y la igualdad de género.

El documento también coloca en el centro de las disposiciones legales el derecho humano al agua para todos los mexicanos. El diputado Flores aseguró que el amplio texto es el resultado de las opiniones y propuestas surgidas de 35 foros en los que participaron más de 7 mil personas, entre autoridades, académicos, expertos y sectores involucrados. No tiene nombre ni dedicatoria, fue construida por miles de ciudadanos y las y los legisladores para servir a México, puntualizó.

También por Morena, Tatiana Clouthier Carrillo resaltó la participación de la sociedad civil y trabajadores en favor del medio ambiente. Debemos tener mucha coordinación para sacar lo mejor de todas las propuestas que conforman esta iniciativa en pro de las necesidades de México, del consumo humano, del consumo para la producción y para la manutención de la vida silvestre.

Luis Vera Morales, especialista en medio ambiente, calificó la iniciativa de audaz en algunos temas, pero acepta el reto social y propone soluciones.

Entre sus aciertos, agregó, tiene un afán educador profundo, principios de integralidad y sustentabilidad; describe el derecho humano al agua y saneamiento; reconoce el derecho preferente de pueblos y comunidades originarias sobre estos recursos naturales en sus regiones. Termina con el mercado secundario del agua para sólo concesionar lo que está seguro que existe, así como acabar con la sobrexplotación de acuíferos.