El juzgado primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México otorgó una suspensión de plano a la asociación civil Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), para que el gobierno federal diseñe e implemente protocolos y medidas necesarias a fin de garantizar la vida, integridad, así como seguridad de las personas migrantes expulsadas de Estados Unidos durante la emergencia sanitaria de Covid-19.

Además, el impartidor de justicia ordenó a la Secretaría de Gobernación entregar en un plazo de tres días la versión actualizada del Boletín mensual de estadísticas migratorias 2020, de enero a mayo del año en curso, ya que de no hacerlo se le impondrá una multa de 50 a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo.

Imumi promovió la demanda de amparo contra actos del Presidente de la República y otras autoridades, cuya causa fue solicitar protección de la vida y salud de las personas en situación de desplazado, peticiones de asilo o de protección internacional que se encuentran en las estaciones migratorias y provisionales coordinadas por el Instituto Nacional de Migración (INM).

En su demanda reclama la omisión de las autoridades de diseñar e implementar protocolos enfocados a individuos en contexto de movilidad humana durante la emergencia sanitaria. Argumentó que las autoridades del INM ocultaron información a este órgano de control respecto del número de personas alojadas en sus estaciones migratorias y provisionales.