El gobierno capitalino publicó un acuerdo para facilitar la regularización de viviendas construidas o financiadas por instituciones públicas, locales y federales, así como la condonación de contribuciones fiscales, entre ellas el pago del impuesto predial.

La disposición publicada en la Gaceta Oficial tiene como fin dar facilidades administrativas para la constitución del régimen de propiedad en condominio de vivienda, incluidos los locales comerciales en los inmuebles en proceso de construcción o ya concluidos.

A los beneficiarios se les condona el total de las contribuciones y aprovechamiento establecidos en el impuesto predial, registro de manifestación y derechos de construcción, registro de la propiedad y de comercio, servicio del archivo general de notarías, alineamiento y número oficial, entre otras.

Sobre el predial, la condonación se aplicará a todos los adeudos existentes, que incluyen gastos de ejecución, recargos, actualizaciones, diferencias o modificaciones; se dejará de aplicar dicho beneficio cuando se concluya el trámite de constitución del régimen.

Para la formalización de la transmisión de las unidades de propiedad exclusiva resultantes de la constitución del régimen, se condona a los beneficiarios el 100 por ciento del pago de las contribuciones establecidas sobre adquisición de inmuebles.

También sobre los derechos del registro público de la propiedad y de comercio, así como por expedición de copias por planos, de reposición de constancia o duplicados y constancias de no adeudo.

El gobierno capitalino aseguró que uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los propietarios de construcciones de casas son la carencia de licencias, registros y autorizaciones de construcción, como la falta de escrituración individual, lo que genera imposibilidad técnico jurídica para constituir el régimen de propiedad en condominio.

Agregó que la prioridad es otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos en su patrimonio, lo que hace necesaria la ejecución de acciones tendientes a regularizar la propiedad inmobiliaria, principalmente de quienes han adquirido en programas públicos.