El juez encargado del caso de la desaparición del luchador social Sergio Rivera Hernández –ocurrida en 2018– ha tratado de obstaculizar la presentación de testigos oculares de lo sucedido, denunció Omar Esparza, coordinador del Movimiento Indígena Agrario Zapatista.

El juzgador los obstaculiza por el hecho de ser hablantes de idiomas indígenas, lo cual podría incidir en que tres personas acusadas de este delito sean liberadas en las próximas horas, dijo Esparza.

Señaló que además de no respetar su derecho a contar con un intérprete, ninguno de los testigos de los hechos cuenta con protección de las autoridades estatales, a pesar de que han recibido amenazas de muerte.

En entrevista con La Jornada, Esparza indicó que Mario Cortez Aldama, juez de enjuiciamiento de la región judicial sur-oriente de Tehuacán, Puebla, discriminó a un grupo de nahuas que presenciaron de manera directa el momento en que Rivera Hernández fue llevado por la fuerza por tres hombres que actualmente están detenidos y esperando sentencia.

Aunque los abogados del activista desaparecido recordaron a Cortez que el artículo 2, fracción VIII, de la Constitución establece que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, el funcionario puso en tela de juicio esta garantía.

En un video del proceso se aprecia que el juez afirma que tanto los acusados como los testigos son personas indígenas, pero según él la Carta Magna ampara el derecho de los pueblos indígenas en su conjunto, no de personas que forman parte de ellos.