ara nadie es secreto que el balance económico del año recién concluido fue malo, pero tampoco que aquél se suma a la larga serie de resultados mediocres, raquíticos o abiertamente negativos acumulados por el país en las últimas cuatro décadas, es decir, a partir de que a los genios tecnocráticos les dio –y al país permitírselos– por instalarse en las altas esferas del poder político.

La moraleja es simple: si el nuevo gobierno insiste en recorrer la misma ruta económica y utilizar el mismo manual que las seis administraciones previas, todas ellas neoliberales (y al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no se le ve muy entusiasmado por un camino alternativo), entonces que nadie se queje por los resultados obtenidos, porque, como bien subraya el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico –de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes–, uno de los mayores problemas estructurales de la economía mexicana es el bajo crecimiento mostrado durante décadas.

El 2019 dio una señal clara: el sistema productivo nacional tiene pilares que pueden debilitarse fácilmente; el resultado de -0.1 por ciento reportado por el Inegi muestra que la economía 15 del mundo (la mexicana, por tamaño de PIB) tiene pies de barro: informalidad, micronegocios y gasto social no pueden sustituir el freno productivo cuando hay una caída de la inversión que genera un alto valor agregado.

La contracción de la inversión (-5.3 por ciento, hasta octubre pasado) estuvo precedida por la falta de confianza: las empresas que realizan previsión de mediano y largo plazos consideran que existen riesgos que inhiben el desempeño del entorno productivo. Se debe considerar que la perspectiva de las empresas no es especulativa, es decir, no se encuentra delineada por el comportamiento del sistema financiero (en términos generales, la BMV –altamente especulativa– y otros indicadores financieros se mantienen en parámetros aceptables).

El escepticismo se basa en la contracción de la economía real, es decir, de la baja demanda de bienes y servicios que existe en el mercado nacional: el consumo privado sólo creció, en promedio, uno por ciento durante los primeros 10 meses de 2019, tasa inferior al 2.3 por ciento observado entre 2000 y 2018.

El gasto público tomó un curso más delicado: el de operación se redujo -3.3 por ciento en términos reales; la inversión física disminuyó -11.8 por ciento en términos reales. La consecuencia era esperada: la baja inversión y consumo, público y privado, terminaron por mermar las expectativas de las empresas.

Además, debe recordarse que la falta de confianza es un problema sistémico: el componente de confianza empresarial, que mide si es el momento adecuado para invertir, muestra un comportamiento desfavorable desde hace años: 78 meses consecutivos en el caso de las manufacturas y de la construcción, y 76 para el comercio.

Por tanto, la debilidad de la confianza para invertir era previa al inicio del gobierno de López Obrador; lo que ocurrió en 2019 fue que dicho desequilibrio se exacerbó. Ahí se encuentra una de las tareas centrales a realizar durante 2020.

La caída de 2019 muestra que debe contarse con una estrategia integral para aplicar cambios estructurales y de transformación sin que se frene la economía nacional. Ello es clave cuando se tiene una debilidad productiva estructural y un entorno externo poco favorable: no habrá eventos exógenos que compensen las restricciones que tiene la economía para aumentar su capacidad de generar valor agregado.

El desmantelamiento sistémico de la inversión productiva es una de las mayores ataduras para el desarrollo de México: el modelo de política económica aplicado durante 40 años llevó la inversión pública como proporción del PIB de 11 a sólo 2 por ciento (el gobierno todo cedió al capital privado, y éste no respondió al interés nacional). Retomar el crecimiento implica modificar esa situación.

Las rebanadas del pastel

Con todo y lo rebuscado del operativo, México SA se anota con dos cachitos.

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