En su mayoría, los despidos efectuados en diciembre no fueron de trabajadores con plazas temporales, como argumentó el sector privado, sino de personas que fueron subcontratadas y tenían años laborando, aseveró el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

El miércoles, el gobierno federal informó que más de 14 mil empresas despidieron toda su nómina en diciembre, lo que representa 60 mil trabajadores, aunque en total fueron cesados 380 mil ese mes.

Daniela Jiménez, directora del Cereal, expuso que si bien se ha normalizado que a finales de año se registren más ceses, lo que pasó en 2019 es que no se corrió a las personas de menor antigüedad, ni a quienes trabajan por proyecto, sino que además de que aumentó la cifra, se afectó a quienes tenían más tiempo laborando, al menos así fue con los casos de la industria electrónica a los que damos seguimiento.

Si se hubiera perjudicado sólo a los de plazas temporales no se consideraría despido, porque en dado caso lo que sucede es que concluye su contrato, precisó la especialista.

Señaló que la subcontratación no debe de existir, porque además de que no garantiza los derechos laborales, facilita que echen a los empleados, pues en las empresas son los primeros que recortan. Son a los que se les vulneran sus garantías porque no están relacionados directamente con las compañía. En la subcontratación lo que los patrones alegan es que esos trabajadores no tienen que ver con sus actividades centrales o con las más sustantivas.

Jiménez indicó que en Jalisco, donde el Cereal tiene su sede, registraron gran cantidad de casos de despidos, principalmente en la industria electrónica. La estrategia que se aplicó con ellos fue más o menos planeada; a algunos los obligaron a tomar vacaciones, sin que esto estuviera contemplado, y otros por despido directo.

En entrevista, agregó que las acciones que anunció el gobierno federal para combatir la subcontratación ilegal podrían también estar fomentadas por el tratado comercial con México y Canadá (T-MEC) pues éste obliga a México a modificar sus leyes laborales para que se facilite la creación de sindicatos independientes, entre otros aspectos.