Por primera vez todos los empleados operativos (choferes, mensajeros y secretarias, entre otros puestos menores) del Poder Judicial de la Federación (PJF), deberán presentar declaración patrimonial y de intereses y de esta manera se podrá dar seguimiento a la evolución de su patrimonio y sea efectiva, como instrumento correctivo de posibles actos de corrupción.

Lo anterior forma parte del acuerdo para la implementación del Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación por orden del Consejo de la Judicatura Federal, la Contraloría del PJF y de la Dirección General de Substanciación, Registro y Seguimiento de la Evolución Patrimonial.

En el documento, dado a conocer ayer, se menciona que la Contraloría del PJF debe llevar a cabo las acciones necesarias con el fin de que los servidores públicos de nivel operativo presenten las declaraciones: patrimonial y de posibles conflictos de intereses en su modalidad de inicial, considerando llenar la totalidad de los rubros correspondientes. El cómputo para la presentación de la declaración de mérito correrá del 1 de enero al 31 de marzo de 2020.

La obligación, si bien se estableció hasta después del 19 de julio de 2017, es ahora exigible a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción dio a conocer de manera oficial los formatos que se aplicarán para la presentación de dichas declaraciones y éstos se encuentren operables.

Como será la primera vez que presentarán las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, lo adecuado será que lo realicen bajo la modalidad de inicial (...) para que el registro de la evolución patrimonial sea efectivo como instrumento correctivo de posibles actos de corrupción, señala el acuerdo.