A dos años de su promulgación, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura aún tiene un nivel de aplicación muy básico en el país, lo cual ha hecho que autoridades y cuerpos de seguridad de todos los niveles sigan recurriendo a dicha práctica con casi total impunidad, señalaron diversas organizaciones civiles que abrieron un Observatorio contra esa práctica.

De acuerdo con los creadores del portal sintortura.org, la mayoría de las instituciones a escalas federal y estatal no han acatado las acciones que establece la ley de forma obligatoria para identificar y sancionar casos de tortura, lo que ha llevado a que las investigaciones y sanciones al respecto sean casi inexistentes.

Durante la presentación de la iniciativa, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló que aunque ha habido avances importantes en materia legislativa, entre ellas la Ley contra la Tortura, dicha norma ha enfrentado muchos obstáculos para su aplicación.

Por tal razón, los tratos crueles, inhumanos y degradantes se siguen utilizando como supuesta herramienta de investigación por diversas agrupaciones de seguridad, pero también son una realidad cotidiana en estaciones migratorias e instituciones de cuidado de niños y personas con alguna discapacidad.

Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que entre los principales hallazgos del Observatorio contra la Tortura se encuentra el hecho de que entre 2014 y 2018 se iniciaron en México alrededor de 24 mil investigaciones por este delito (cerca de 10 mil a escala federal y 14 mil en los estados), pero prácticamente en ningún caso hubo cargos penales contra funcionarios.

Un ejemplo significativo de esta tendencia, dijo, es que en 2018 se iniciaron más de 3 mil 600 indagatorias por tortura en las fiscalías estatales, pero sólo se obtuvieron dos consignaciones ante autoridades judiciales. Por otro lado, en los últimos cinco años se obtuvieron 33 sentencias en juzgados de distrito –17 de ellas en 2018–, pero sólo dos fueron condenatorias. Natalia Pérez Cordero, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, señaló que una muestra del desinterés del gobierno federal en investigar casos de tortura es que para 2020 sólo asignó un presupuesto de 750 mil pesos a la fiscalía encargada de estos temas.