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Hará suya el gobierno la iniciativa que sanciona el ciberacoso: Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de noviembre de 2019, p. 36

El Gobierno de la Ciudad de México hará suya la iniciativa ciudadana para inhibir y sancionar la violencia digital, conocida como ley olimpia, por lo que apoya en la elaboración del dictamen que impulsa la organización feminista Frente por la Sororidad, informó la secretaria de Gobierno capitalina, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Explicó que lo anterior es el compromiso que hizo la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum Pardo, con dicho colectivo, y explicó que para concretar esta normativa se deben realizar reformas al Código Penal para tipificar el ciberacoso y la difusión sin consentimiento de imágenes de contenido íntimo en Internet.

Asimismo, agregó en conferencia de prensa, se requiere también realizar modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México para incluir en la misma la modalidad de violencia digital.

Al señalar que se atienden 57 denuncias por ciberacoso, 55 en agravio de mujeres, la funcionaria dijo que se elaborará también un protocolo de actuación y atención a las víctimas de este tipo de violencia, además de que se dará capacitación a los servidores públicos de seguridad y procuración de justicia para evitar la revictimización de los afectados.

Sobre el tema, en el Congreso capitalino, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán Pérez, informó que el proyecto de dictamen en materia de violencia digital tiene 90 por ciento de avance y aunque descartó que se apruebe en la reunión de trabajo convocada para este jueves, aseguró que no pasará más de una semana en estar listo para ser sometido a votación en el pleno.

El legislador explicó que se están atendiendo diversas observaciones de diputados para revisar que los aspectos técnicos del tipo penal estén correctos y adelantó que la sanción que se propone aplicar a quienes cometan dichas conductas es de dos a seis años de prisión y trabajo comunitario de 48 a 200 horas. Ambas, aclaró, serían acumulativas.