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Busca el gobierno incentivar a negocios de bajo impacto
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▲ Diputados asistentes a la sesión del Congreso de la Ciudad de Mexico estuvieron atentos a los resultados de la votación sobre un punto de acuerdo.Foto Roberto García Ortiz
 
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de noviembre de 2019, p. 33

Al entregar al Congreso capitalino dos iniciativas en materia de mejora regulatoria y verificación de establecimientos mercantiles de bajo impacto, la secretaría de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el asesor de Programas y Proyectos Estratégicos de la jefatura de Gobierno, Néstor Vargas Solano, afirmaron que ambos proyectos cerrarán espacios a la discrecionalidad y la corrupción en trámites y servicios, y modificarán el modelo de control de los negocios basado en un sistema de sanciones por uno de incentivos para el cumplimiento voluntario de la normatividad.

Entre sus objetivos están, además fortalecer el ambiente de negocios, atraer mayor inversión, aumentar la creación de empleos e impulsar un desarrollo económico sostenido, equilibrado e inclusivo en la ciudad.

La iniciativa de ley de mejora regulatoria fija un plazo de dos años a las entidades de la administración pública local para que digitalicen la totalidad de sus trámites y servicios, en tanto que el proyecto de ley de responsabilidad social mercantil plantea que los actos de verificación a establecimientos de bajo impacto se aplicarán solamente ante denuncia ciudadana, situaciones de riesgo, afectación del orden público o al estar incluidas dentro del 3 por ciento del padrón que será insaculado de manera aleatoria anualmente

Vargas Solano explicó que para incorporarse al padrón, los establecimientos podrán darse de alta en una plataforma electrónica que desarrollará la Agencia Digital de Innovación Pública y será administrada y operada por la Secretaría de Desarrollo Económico.

Una vez registradas las empresas obtendrán una cédula confiable y deberán refrendar cada dos años su registro en el padrón.

Los establecimientos verificados aleatoriamente y que presenten incumplimientos a la normatividad tendrán un plazo para subsanarla, de no hacerlo, además de las sanciones previstas en la ley, se cancelará su cédula confiable y no podrá solicitar su ingreso al padrón en un lapso de cinco años, por lo que se sujetará al programa ordinario de verificación.