uando a mediados de noviembre de 2017 los trabajadores de la sede de la Fiscalía General del estado, en Chilpancingo, suspendieron labores en protesta por el constante hedor procedente de la morgue colindante, que les impedía desem- peñar sus funciones, de seguro muy pocos de ellos imaginaron que la situación del Servicio Médico Forense empeoraría. Y empeoró

En ese entonces había 646 cadáveres en depósitos en todo el estado, cifra que rebasaba en 100 por ciento la capacidad de las morgues, informó en esa fecha el director del Forense, Ben Yehuda Martínez Villa. Él mismo informó ayer que la cifra de cuerpos sin reclamar asciende a 900, lo cual implica un alza de casi 40 por ciento en dos años.

No cabe duda que, como dijo el presidente López Obrador, el gobierno es un elefante reumático al que hay que acicatear para que cumpla sus responsabilidades. El Ejecutivo federal, en estos nueve meses y medio, ha tenido oportunidad de comprobarlo, pues parte del crecimiento de esta cifra ha ocurrido en su gestión. Sin embargo, el crecimiento imparable de la cifra de cadáveres que no son reclamados por sus deudos, no está reñido con la reducción de asesinatos que también reportan las autoridades. Más bien, ambos datos sugieren que ha aumentado el número de muertos que se quedan sin deudos que los reclamen.

Como sea, ello no quita responsabilidad al gobierno en el fenómeno, pues en dos años, de habérselo propuesto, habría avanzado en la catalogación genética de los difuntos –lo cual habría facilitado mucho la confronta de datos con quienes los buscan– y hasta pudo construir los cementerios forenses necesarios para la disposición final de los cuerpos.

no ocurrió así, no al menos a la velocidad requerida. Por ejemplo, ayer en el mismo encuentro en que el director del Forense daba su informe –10 Encuentro Nacional de Semefos en Acapulco–, el secretario de Salud, Carlos de la Peña, reiteró el anuncio que hizo hace meses, de que serán invertidos 35 millones de pesos para construir otra morgue en este puerto, con capacidad para 400 cuerpos.

Falta mucho por hacer, y el trabajo es lento, sobre todo porque hace dos días el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gabinete de López Obrador, Alfonso Durazo Montaño, precisó que los resultados de la lucha contra la delincuencia en el país se verán apenas en cuatro años.