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Funcionarios delinean plan de acción

Se hará consulta pública para definir contenido del gobierno abierto: SFP

Espionaje, cuidado de recursos naturales, corrupción, impunidad, seguridad y empleo, entre los temas

 
Periódico La Jornada
Miércoles 21 de agosto de 2019, p. 15

Como parte de los trabajos para consolidar la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), la administración de Andrés Manuel López Obrador impulsará una serie de compromisos, entre los que se cuenta erradicar el espionaje y la vigilancia ilegal, liberar a los presos políticos y cuidar los recursos naturales del país.

Durante una reunión celebrada ayer para definir el cuarto Plan de Acción 2019-2021 de la AGA –en la cual participaron representantes de varias dependencias federales–, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, indicó que una de las formas en que el actual gobierno definirá el contenido de dicho plan será realizando una consulta al público sobre seis ejes temáticos.

En campo y de forma digital, los mexicanos serán consultados sobre aspectos como la eliminación de la corrupción y la impunidad, cómo garantizar la paz y la seguridad, el empleo, la salud, la educación y el desarrollo rural. De esa forma, dijo la funcionaria, se realizará un ejercicio de co-creación de políticas públicas entre el gobierno y los ciudadanos.

Compromisos proactivos

Además de esos seis puntos, la administración actual asumirá siete compromisos proactivos para el bienestar del país, entre los que figuran suspender de forma clara y absoluta el espionaje y la vigilancia estatal ilegal, eliminar de tajo la corrupción en las aduanas y transparentar el uso de fideicomisos públicos.

De igual manera, propuso liberar a todos los presos políticos y de conciencia, aplicar una verdadera política de cuidados que fortalezca a nuestras familias y libere a la población femenina, e implementar una política de transparencia en el cuidado, uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Sandoval indicó que estos compromisos deberán llevarse a la práctica a lo largo de los siguientes dos años, a partir de noviembre, y su cumplimiento será verificado tanto por la sociedad mexicana como por instancias internacionales que van a supervisar su puesta en marcha, en el contexto de la AGA.