Cuernavaca, Mor., Familiares de personas desaparecidas y víctimas de la violencia protestaron durante la firma del decreto con que se crea y regula el órgano desconcentrado Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, para denunciar que ni el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo ni la Fiscalía General del Estado (FGE) han cumplido sus promesas de castigar a los responsables de estos delitos.

Los inconformes extendieron una manta en la que demandaron la creación de una fiscalía especializada para el caso Tetelcingo –comunidad de Cuautla donde se inhumaron en forma clandestina 119 cuerpos en el gobierno del perredista Graco Ramírez– y exigieron al fiscal general, Uriel Carmona Gándara, dejar de entorpecer las pesquisas.

La manta fue extendida en uno de los salones del palacio de gobierno estatal durante el acto que iba a encabezar el gobernador Blanco Bravo, quien al final no acudió y en cuya representación estuvo el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda.

Amalia Hernández, tía de Oliver Navarrete Hernández, joven secuestrado, asesinado y hallado en una fosa clandestina de Tetelcingo en 2013, exigió avances en la investigación y castigo para los 42 trabajadores de la FGE involucrados en la inhumación ilegal.

Este caso no ha avanzado nada y las autoridades son cada vez más indolentes con las víctimas de la violencia y sus familiares, afirmó Hernández y advirtió que en la audiencia de este martes sobre la inhumación ilegal de 119 cuerpos la FGE pretende dar carpetazo al asunto.

Ante Pablo Ojeda y otros funcionarios, recordó que en 2018 prometieron respuesta a los familiares de los desaparecidos; pero no tenemos ninguna. Nuevamente somos revictimizados por el gobierno del estado y por la FGE.

Destacó que, además de buscar justicia para los 119 inhumados clandestinamente, exigen la aplicación de protocolos de búsqueda e identificación, no sólo que se haga un archivo con una fotografía.

Recalcó que el gobierno de Blanco Bravo se comprometió a castigar a los responsables de los entierros clandestinos, aun si las indagatorias apuntaban a Graco Ramírez y al ex fiscal Rodrigo Dorantes.

Personal de seguridad intentó quitar la manta de los manifestantes; pero María Hernández, madre de Oliver, exigió respeto a su derecho a protestar. No estamos agrediendo a nadie. Venimos a denunciar la indolencia. Queremos una fiscalía independiente de la que dirige Carmona Gándara para juzgar a los servidores públicos que inhumaron de manera ilegal los 119 cuerpos.

Ambas mujeres le exigieron al secretario de Gobierno una reunión con el fiscal general.

¿Cuándo, señor (secretario de gobierno)? Son miles las madres que están buscando a sus hijos. Ya encontramos a algunos. Queremos seguir encontrando para que regresen con sus familiares. Estamos aquí porque queremos respuesta, exclamó la tía de Oliver Navarrete.

Señaló que las desapariciones forzadas siguen en aumento en el estado. Ustedes piden que la gente denuncie. ¿Para qué denunciamos si no nos atienden ni hacen su trabajo?, cuestionó.

Por separado, el escritor Javier Sicilia mencionó que le dijo a Blanco Bravo que sin una auténtica política de justicia y paz simplemente estarán administrando, como los anteriores (gobiernos) el horror, y el horror es cada vez mayor.