El proceso que el gobierno sigue contra el presidente del consejo de administración de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, no es un ataque al empresariado, sostuvo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y consideró que quien viole la ley debe ser castigado.

En entrevista después de reunirse en privado con los diputados Patricia Terrazas Baca y Alfonso Ramírez Cuéllar, el líder del organismo cúpula, Carlos Salazar Lomelín, indicó que “el que no respete la ley merece estar castigado.

Esperaremos a que las instancias legales revisen el caso, lo analicen y si la persona tiene un faltante en su comportamiento, que sea castigado, añadió y recalcó que esa es la posición empresarial del sector para todos, sin importar que sean políticos, empresarios o legisladores.

Todos tenemos que respetar la ley, y si no se cumple, pues tenemos que asumir las consecuencias.

Indicó que no se está prejuzgando al exponer al empresario, pues la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda hace su trabajo. Lo que sí pedimos es que tenga el derecho de réplica (Ancira Elizondo) y derecho de exponer sus pruebas.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, reconoció el esfuerzo por combatir los actos de corrupción, vengan de donde vengan, pero exigió que todo proceso se lleve apegado a derecho.

Respecto de la lista de empresas que recibieron condonaciones fiscales en sexenios pasados, Salazar Lomelín pidió que no se prejuzgue, porque necesitamos saber las causas, condiciones y situaciones que cada uno de los hoy atacados o señalados tuvieron.

Destacó que si las condonaciones son resultados de multas y recargo derivadas de un juicio o conflicto con el Servicio de Administración Tributaria, es injusto que una compañía sea señalada.