Antes de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorice la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía que presentó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe haber un proceso amplio de información y no debe haber prisas en la autorización, proceso que puede llevarse hasta 180 días hábiles (seis meses) ante la complejidad de la obra.

Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, hizo un llamado a las autoridades a no apresurarse y ser omisos en la calidad de la información que se presenta, es importante la prudencia y tomar el tiempo que se requiera para no caer en faltas. La evaluación debe ser objetiva e imparcial. Detalló que de acuerdo con la ley, la Semarnat puede evaluar en 60 días hábiles la MIA, pero si requiere información adicional se puede llevar otros 60 días, y ante la complejidad de la obra puede ampliarse el proceso por 60 días más.

Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico, señaló que si se construye un aeródromo civil para vuelos nacionales e internacionales así como carga en la base aeronaval de Santa Lucía, se corre el riesgo de que presente hundimientos por encontrarse sobre un acuífero sobrexplotado como lo señala la Sedena en la presentación de la MIA.

Sería algo similar a lo que sucede con la Terminal 2 del AICM que la pistas reciben mantenimiento de renivelación porque se hunde 10 centímetros al año, por ello recomendó la reactivación del sistema metropolitano aeroportuario para descentralizar vuelos domésticos y descongestionar la saturación en la actual sede aérea ocasionada por operaciones menores a mil kilómetros.

Alanís indicó que sólo un miembro de la comunidad donde se realizará el proyecto (Zumpango o Tecámac) puede solicitar la consulta y la reunión pública de información; la Semarnat deberá autorizarla, aunque la legislación no la obliga, pero en aras de la apertura y de la transparencia de un proyecto como éste sería sano que se hicieran ambas para escuchar a las dos partes.

El documento se revisará desde el punto de vista técnico y científico, no se trata de que no se hagan las obras, sino de que se hagan bien; hay que asegurar que cumpla con los aspectos técnicos y científicos.

Por su parte, Gustavo Ampugnani director de Greenpeace, consideró que es acertado impulsar procesos de escucha amplia con la ciudadanía. El ejercicio debe tener como antecedente un proceso de información amplia respecto a los posibles impactos socio-ambientales y sus medidas de mitigación.

La consulta pública que se daría en el proceso de evaluación de la MIA no debe sustituir el proceso de consulta a los pueblos y comunidades originarias de manera previa, libre e informada a la que obliga el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).