Autoridades de Nuevo León anunciaron este miércoles el cierre del penal de Topo Chico, como parte de un plan de restructuración de seguridad, y luego de una trifulca que dejó como saldo un interno muerto y 19 heridos, así como un guardia de seguridad lesionado.

El reclusorio ha sido un foco rojo para el gobierno estatal, luego de que en febrero de 2016 se registró un motín que dejó 49 reos muertos. El penal del Topo Chico tiene más de 80 años, cumplió ya con su objetivo, dentro de dos años, a mediados de 2021, cuando se termine la construcción de estas 700 celdas (en los reclusorios de Cadereyta y Apodaca), podremos cerrarlo, dijo el secretario general de Gobierno, Manuel González, en conferencia de prensa.

En junio o agosto comenzará la construcción de las otras 350 celdas en el penal de Cadereyta y para finales de este gobierno cumpliremos con la certificación, renovación, despresurización y el control total de los penales del estado, aseguró.

González dijo que en el penal de Topo Chico había hasta el martes pasado 2 mil 990 reclusos; en el de Apodaca, mil 787; en el de Cadereyta, mil 93 y en el Reclusorio Femenil de Escobedo, 366 mujeres y 24 adolescentes.

En Nuevo León hay 6 mil 569 presidiarios

Actualmente hay en Nuevo León 6 mil 569 internos, luego del traslado de más de 500 convictos a los penales federales de Coahuila y Morelos, que se realizó ayer por la madrugada y ocasionó protestas de los familiares y una trifulca en el interior de Topo Chico. En esa pelea entre internos uno de ellos resultó muerto debido a un infarto, según las autoridades, mientras que otros 19 fueron atendidos en hospitales locales por golpes y contusiones.

Además, un celador resultó herido con arma punzocortante, informó el gobierno estatal en un comunicado. Comentó que el ahora finado, quien ingresó a Topo Chico en 2014 por robo de vehículo, tenía antecedentes de afecciones y cirugías cardiacas.

Los reos pelearon por establecer el control entre ellos luego del reacomodo ordenado por las autoridades penitenciarias, informó el director de Gobierno, Antonio Chávez, quien acudió al penal a mediodía para explicar a los familiares la situación de los internos.

El secretario de Gobierno, Manuel González, señaló que la intención del traslado fue desarticular grupos delictivos que operaban desde el interior del penal, y aliviar el hacinamiento que prevalece en el mismo. El operativo, en el cual participaron militares, así como policías federales y estatales, comenzó a la medianoche del martes y tardó unas cuatro horas.

Estas acciones provocaron la protesta de familiares de convictos, que continuaban al cierre de esta edición, pues exigían información sobre los internos y sus nuevas ubicaciones dentro de Topo Chico.

En este contexto, más de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad del estado de México, apoyados por militares y policías federales, efectuaron ayer por la madrugada un cateo al penal estatal Neza-Bordo, donde decomisaron objetos prohibidos, alcohol y estupefacientes.