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Dólar se cotiza a 45 pesos

Amplia participación del Estado argentino en red de extorsión

Abogado presenta nueva denuncia contra el fiscal Stornelli y el juez Claudio Bonadío

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▲ El rey Felipe de España, acompañado de la reina Letizia (a la izquierda), visitaron en la Casa Rosada al presidente argentino, Mauricio Macri, quien los recibió con su esposa, Juliana Awada.Foto Ap
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 28 de marzo de 2019, p. 26

Buenos Aires. En una situación que coloca a Argentina al borde de un cese de pagos, el dólar se disparó hasta 45 pesos para cerrar en 44.92 esta tarde, mientras nuevas pruebas aumentan la responsabilidad del Estado argentino en la red de extorsión y espionaje, a pesar de las presiones y amenazas contra el juez que investiga los hechos, Alejo Ramos Padilla.

El presidente Mauricio Macri, ajeno a los sucesos, dijo en Córdoba, ciudad militarizada donde se realiza el octavo Congreso de la Lengua Española, que todo está muy bien, defendió el modelo implantado y advirtió que si gana las elecciones de octubre profundizará el ajuste.

En esta capital reinaba este miércoles una gran tensión por la disparada del dólar, que potenciará la recesión, cuando el riesgo país bordea los 800 puntos, la cifra más alta en la historia, y porque todo aumentará en las próximas horas, en momentos en que miles de personas no pueden ni comprar leche.

En medio de esta situación, Macri estuvo junto al rey Felipe VI de España, a quien halagó en diversos momentos, mientras éste respaldó las medidas del presidente argentino, por considerar que son las mismas que se imponen en su país desde hace tiempo.

A esto se agrega la gravedad del tema judicial. Este miércoles un abogado denunció al fiscal Carlos Stornelli, así como al juez Claudio Bonadío, los más involucrados en la persecución político-judicial contra políticos opositores, así como al agente y falso abogado Marcelo D’Alessio, ya detenido, y al periodista Daniel Santoro, del diario Clarín.

Los cuatro están implicados en el armado de una causa por supuestos sobreprecios en una operación comercial de gas licuado, al determinarse que ésta se fundamentó en un peritaje que la justicia determinó que era falso, y en un mentiroso testimonio del supuesto abogado D’Alessio; todo es porque, sin pruebas, intentan llevar a la cárcel a la ex presidenta Cristina Fernández, manteniendo una decena de detenidos en prisión preventiva, lo que es ilegal, por lo que deberían recuperar su libertad de inmediato. Este caso es totalmente armado, como el de las fotocopias.

El escándalo aumenta, ya que hay tres nuevas imputaciones contra Stornelli, quien fue declarado en rebeldía por el juez Ramos Padilla por no acudir a la cuarta citación y cuya suspensión del cargo pidieron diputados opositores.

También se comprobó que el agente D’ Alessio llamó por teléfono a Stornelli para decirle que le estaba llevando a un arrepentido (quebrado dice él) mediante extorsión y amenazas, en cuyo interrogatorio judicial también participó.

Se estableció que Stornelli pidió al mismo personaje espiar al ex novio de su actual pareja, un ciudadano peruano, al que incluso mencionan en la conversación telefónica que se le puede poner algo en el equipaje (se supone que drogas) para quitarlo de en medio.

También está involucrada Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y cada vez se agrava más la situación de las diputadas Elisa Carrió y Paula Olivetto; el escándalo es insostenible por los datos que llevan hacia la estatal Agencia Federal de Inteligencia y a la Administración Federal de Impuestos Público.

Además, hay una cantidad de jueces, fiscales, periodistas y medios de comunicación involucrados y esto cuando sólo se ha analizado poco más de 25 por ciento del material confiscado por el juez Ramos Padilla cuando allanó la casa de D’Alessio por la denuncia con toda clase pruebas presentada por un empresario víctima de extorsión. Nadie imaginaba que saltaría semejante caja de Pandora.

Es también cada vez más grave la declaración del empresario Carlos Cifuentes, quien confirmó además que lo querían obligar a vender su empresa ligada a negocios de petróleo, como se hacía durante la pasada dictadura militar, que lo amenazaban con la prisión inventándole una causa y además con llevarlo a los medios de comunicación (cómplices) para desacreditarlo. La amenaza llegaba hasta la familia de la que conocían todos sus movimientos e incluso amenazaron con plantar droga en el automóvil de su hijo.