Rosario, Sin., Comuneros del poblado de Santa María, en este municipio, afectados por la construcción de la presa del mismo nombre, denunciaron irregularidades en el pago de indemnizaciones del gobierno de Sinaloa; señalaron que existen cheques a sus nombres por más de 400 mil pesos, pero nunca recibieron el pago, y que hay al menos 13 casos detectados.

Víctor Ávila Osuna, representante del Movimiento 11 de Septiembre de los Pueblos de la Sierra de Rosario, denunció que ha habido amenazas a habitantes de Santa María para que se vayan y ni siquiera les han mostrado el proyecto del asentamiento donde serán reubicados.

Los trabajos de la presa Santa María, a cargo de ICA, empezaron en marzo de 2015 y durarían tres años, pero están detenidos por falta de recursos. En enero pasado, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, se anunció que continuarían.

La presa Santa María irrigará 24 mil 250 hectáreas de esa región, junto con la presa Picachos, en los límites entre Concordia y Mazatlán, que ya está terminada, pero no ha sido entregada formalmente al gobierno federal. Ambas obras forman parte de la segunda etapa del proyecto Baluarte-Presidio.

Víctor Ávila explicó que a Cipriano Avila Osuna, comunero de Santa María, le informaron que alguien había cobrado un cheque a su nombre por 424 mil 820 pesos a cambio de su vivienda, en el vaso de la presa; sin embargo, nunca recibió el dinero. En la misma situación se encuentran otras 12 familias.

Aseguró que hay más irregularidades. Nos quieren ver la cara, porque buscamos a los funcionarios y no solucionan nada. Sólo damos vueltas gastando dinero.

El día en que el Presidente visitó Rosario le entregaron una carta en la cual le explicaron la estafa de la que estarían siendo víctimas y que el gobierno del estado retrasa el pago de indemnizaciones por sus terrenos y no ha dado a conocer dónde serán reubicado el poblado.

El dirigente comunal detalló además que existe un convenio de 2015 para ocupación previa de tierras de uso común, sujetas a procedimiento expropiatorio.

Tampoco se ha cumplido con un pago anual a la comunidad y explotan arena y grava sin concesión, a pesar de que la Ley de Aguas Nacionales da preferencia a los propietarios de los terrenos para aprovechar esos materiales.

En nombre de los comuneros, Ávila exigió que del presupuesto aprobado por el Congreso de Sinaloa para la indemnización de los afectados por la presa se entreguen 500 mil pesos a cada una de las 300 familias para que decidan dónde edificar su casa, pues ellos poseen tierras y así los intermediarios no cobrarían comisiones.

De lo contrario, advirtieron, junto con los comisarios de los pueblos aledaños a la presa impedirán que continúen los trabajos.