on la Iniciativa AMLO para reformar la Ley SAR ( Gaceta Parlamentaria, 23/01/19), el nuevo gobierno quemó el último cartucho, antes de la gran explosión del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Ella provendrá de las fallidas reformas neoliberales IMSS-Issste-IMSS/Patrón/RJP-Banca de Desarrollo-CFE-Pemex, en algunos estados y universidades públicas.

Abraham Vela Dib –responsable de la Consar– arropó esa iniciativa asumiendo que la primera generación Afore se registrará hasta 2025 y no en 2021. El gobierno entrante cree que puede sortear la gran explosión.

Lamentablemente, después de los pronunciamientos del señor Esquivel (en el equipo de transición) identificando pensiones con ayudas alimentarias; Noriega Curtis (desde Amafore) estableciendo que con esas ayudas inicia la reforma pensionaria; Urzúa (desde la Secretaría de Hacienda) declarando que el problema pensionario se acelera con el tiempo y Herrera (subsecretario de Hacienda) apostando al rendimiento de los fondos-Afore y al nivel de comisiones, la iniciativa evita entrar al fondo del asunto, deja intacto aquello que determina bajas pensiones y preserva el riesgo estructural para jóvenes, trabajadores activos y todos los que pasarán pronto a retiro: el sistema de capitalización individual sin garantía de ofrecer rendimientos seguros.

Aunque la iniciativa (artícu-lo 18) reitera que las Afore atenderán sólo al interés de los trabajadores y asegurarán que todas las operaciones se realicen con ese objetivo, como ocurriera con la tecnocracia neoliberal, el equipo entrante repite la prioridad de servirse de los recursos de los trabajadores para desarrollar el mercado de capitales y ahora, para dar financiamiento a Pymes o promover inversión en proyectos estratégicos de infraestructura productiva, reservando a los dueños de los recursos apenas una repercusión indirecta: la fuente más importante de ahorro proviene del SAR y tiene por finalidad cubrir la pensión de los trabajadores.

Como con los neoliberales, los beneficios en el uso de los recursos, sólo atenderán el interés de los trabajadores de rebote. La prioridad es profundizar el mercado financiero, no sus pensiones. Esta anomalía es constitutiva del SAR: un monstruo muy rico: suma 3.3 billones de pesos (14.3 por ciento del PIB), aunque paga pensiones miserables: 25 por ciento del último salario devengado. Es un sistema de ahorro forzoso, no de retiro. La ecuación está invertida. Y la iniciativa la preserva.

El equipo entrante se esperanza con los rendimientos que, aguardan, deriven de la flexibilización del régimen de inversión contenido en la iniciativa, la baja de comisiones; mudando de Siefores a Fiefores, premia a las Afore con una comisión adicional por rendimiento.

Hasta la iniciativa, las Afore reposaban en la hamaca que garantizaba la simple administración del ahorro forzoso suministrado regularmente. Pero, dadas las tendencias históricas del rendimiento logrado por Afore (entre 1997-2018=5.07 por ciento como promedio real anual), más la caída de la relación recursos administrados/rendimientos, de 25 a 11 por ciento (1998/2018), esa suposición del impacto de la flexibilización del régimen de inversión sobre rendimientos es más que optimista.

Sin duda, uno es el rendimiento de los fondos que usan el ahorro forzoso y voluntario de los trabajadores y otra la rentabilidad de las Afore. Ellas constituyen uno de los sectores más rentables para sus accionistas. En 2018, el retorno sobre capital invertido sumó casi 35 por ciento.

Sobre el ahorro voluntario, la iniciativa (artículo 79) sostiene que el trabajador puede elevar el monto de la pensión a la que aspira. Pero ocurre que ese ahorro sólo crecerá con salarios que cubran la canasta básica y dejen remanentes.

En pensiones, el profundo cambio ofrecido por el Presidente no ocurrirá. Y, por las declaraciones de Vela Dib y del secretario Urzúa, la amenaza de una regresiva reforma paramétrica –al estilo Lula da Silva, en Brasil, durante su primer periodo– con grandes afectaciones para los que a pasarán pronto a retiro, pudiera considerarse como opción –durante los pasados tres años de gobierno–, sin tampoco resolver de fondo el desafío pensionario y ganando, apenas, cierto margen fiscal.

La iniciativasólo pospone la gran explosión del SAR. Enfrentarla de raíz podría seguir otra ruta: conformar una comisión de estudiosos en pensiones que, aplicando corte de caja a las reformas neoliberales, dote de futuro pensionario a los jóvenes y garantice derechos de quienes pasarán a retiro. Ello evitaría que el equipo entrante herede el asunto al próximo sexenio y termine teniendo que reconocerse en el espejo de lo ocurrido en Chile.

*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco