El gobierno federal analiza la restructuración del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a fin de mejorar las acciones de cuidado a los beneficiarios. El análisis se inició en diciembre; sin embargo, los recientes asesinatos de dos personas que recibían esa medida encendieron las alarmas.

El titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Aarón Mastache Mondragón, puntualizó que dos ajustes que se estudian son que el servicio de escoltas con que cuentan algunos beneficiarios ya no sea operado por una empresa privada, sino con agentes del Estado, y crear un mecanismo externo de evaluación.

El 18 de enero se encontraron los cuerpos sin vida de José Santiago Gómez y Noé Jiménez Pablo –éste último, incluido en el mecanismo–, integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, Chiapas. Dos días después, fue asesinado otro beneficiario, el periodista Rafael Murúa, director de la radio comunitaria Kashana, en Mulegé, Baja California Sur.

Debido a esto, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el consejo consultivo del mecanismo y organizaciones civiles demandaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador revisar la eficacia del sistema, que es operado por la SG.

Mastache Mondragón –en cuya unidad recae el mecanismo– detalló que en la primera quincena de diciembre se realizó la primera reunión de su junta de gobierno, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. En el cónclave, se dio un plazo de tres meses (de enero a marzo) para evaluar su operación, sus limitantes y sus alcances, a fin de mejorar la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, gremios con alta vulnerabilidad ante la crisis de violencia en el país.

En principio, señaló el funcionario a este diario, se acordó extender el contrato a la empresa que presta los servicios de seguridad y protección. Sin embargo, se analiza que los escoltas ahora sean elementos de la Policía Federal o de alguna otra corporación de seguridad del Estado e impulsar un mecanismo externo de supervisión permanente.

Añadió que las auditorías serán constantes y que la gestión de los recursos será más eficiente. En 2019 el mecanismo recibirá un presupuesto de 220 millones de pesos, el mismo que el del año pasado.

Sobre los homicidios de Murúa y Jiménez, informó que se han dado acercamientos con las fiscalías de Chiapas y Baja California Sur para llegar a fondo en las investigaciones, además que se ha solicitado a la Fiscalía General de la República atraer los casos, ya que eran beneficiarios del mecanismo federal.

Una de las mayores complicaciones de esta instancia, sostuvo, es brindar seguridad a periodistas y defensores que trabajan en regiones alejadas de puntos urbanos, por lo que ese será uno de los temas de análisis.

Hasta diciembre del año pasado, el mecanismo contaba con 727 beneficiarios, la mayoría en la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En lo que va del gobierno de López Obrador, afirmó Mastache Mondragón, se ha incrementado las solicitudes de adscripción, lo que indica que empieza a haber mayor confianza en el mismo, pero a la vez hay mucha desconfianza en las instituciones estatales.