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Hoy, reunión del Consejo Nacional de seguridad Pública

Buscan cambiar criterios para el reparto de los 11 mil mdp asignados a lucha anticrimen

Ponderar el nivel del problema en los estados, la meta

 
Periódico La Jornada
Jueves 24 de enero de 2019, p. 11

El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) propondrá hoy al Consejo Nacional de este ámbito la modificación de los criterios para el reparto de una bolsa general de 11 mil millones de pesos –subsidio federal disponible este año– para el combate al crimen en estados y municipios.

El propósito es que este gasto repercuta en la baja de índices delictivos y el fortalecimiento de las policías locales.

La sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se realizará este jueves a las seis de la tarde en Palacio Nacional.

Dicha instancia es encabezada por el Presidente de la República y la integran gobernadores y titulares de las áreas de seguridad de cada entidad federativa.

En principio, el SNSP busca no ponderar el tamaño de las ciudades, sino el nivel de su problemática en materia de seguridad y compensar a aquellos que muestren buenos resultados, no al revés, indicaron fuentes del sistema.

No se trata sólo de vigilar que se apliquen todos los recursos o que no haya subejercicios, sino que realmente baje la criminalidad y se fortalezcan las policías municipales y estatales, también como contrapeso a la creación de la Guardia Nacional, señalaron.

El gobierno federal entrega recursos a las autoridades locales a partir de dos fuentes: una con énfasis para los estados y otra para ayuntamientos.

Es así que en adelante habrá una nueva fórmula para el reparto, con base en datos compilados y elaborados por especialistas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Hasta el año pasado, el factor del tamaño de la población significaba 40 por ciento del monto del subsidio, lo cual reducía los beneficios a las urbes más pobladas. Ahora este criterio representará sólo 15 por ciento del dinero disponible. Por primera vez se medirá la magnitud del problema en cada región no sólo con los delitos de alto impacto, sino también con peso específico del fuero común, responsabilidad de los estados.