Amparados en el financiamiento público que rige la vida política en México, desde 2000, el sistema electoral ha visto pasar a 12 partidos, aventuras que han tenido una vida efímera. Bajo la cobertura de la libertad de asociación y creación de partidos, muchos de éstos se convirtieron en refugio pasajero de disidencias o expresiones que dieron cobertura, en algunos casos, a negocios de dirigentes que utilizaron empresas fantasma para enriquecimiento personal.

El costo financiero de esta fugaz ampliación de la pluralidad político-electoral ha sido formalmente superior a 6 mil millones de pesos. Sin embargo, esta artificial expresión partidista ha tenido mayor repercusión económica, pues hasta 2006 el número de partidos políticos con registro impactaba como factor en incrementar la bolsa general de financiamiento público generando distorsiones importantes, al punto de que en 2003, algunos partidos recibieron mayores recursos de los que legalmente podían erogar por los topes de gastos.

A partir de este mes se ha iniciado otro ciclo para integración de nuevos partidos, que por ley se restringe ahora a que se realice al año siguiente de la elección presidencial. Del total de partidos creados para contender en comicios en este siglo, 11 han desaparecido, si bien Nueva Alianza, a partir de su veleidosa política de alianzas para coaligarse con los partidos en el poder prolongó su existencia 13 años y sólo Morena, creado en 2014, se ha consolidado como opción ­política.

Desde 2000, por el sistema electoral han aparecido quienes se asumían como expresiones del Centro Democrático, como representaciones de a Fuerza Ciudadana, como la Alternativa Social Demócrata y Campesina, o bien quienes formaron como la Sociedad Nacionalista que más bien se convirtió en una sociedad anónima encabezada por su dirigente, Gustavo Riojas, el caso más extremo de corrupción política.

El PSN se creó en 1999 con proyección a participar en la elección presidencial en un periodo en que los nuevos partidos no tenían restricciones para pactar coaliciones. La Alianza por México constituida por PRD y PT, entre otros, fue el parapeto de lo que se transformaría en una verdadera empresa financiada con recursos públicos. Riojas había creado una sociedad mercantil donde él y su hijo eran los principales socios, la cual se convirtió en principal proveedora del partido que permitió trasladar las prerrogativas a los negocios del dirigente.

A partir de una denuncia anónima, el Instituto Federal Electoral –hoy INE– descubrió la trama ilegal con una empresa fantasma para trasldarle gran parte de los 451 millones de pesos que entre 1999 –el PSN se funda a finales de ese año– y el 2003 recibió como prerrogativas. El saldo: más de 200 millones de pesos de multas ya no cobradas por el IFE, denuncias penales ante la Procuraduría General de la República y los principales dirigentes aún prófugos 15 años después.

El manejo financiero de las millonarias prerrogativas ha precipitado divisiones entre estas efímeras experiencias partidistas. Alternativa Socialdemócrata y Campesina –partido formado entre quienes cuestionaban al PRD como única opción de izquierda y las reminicencias del Partido del Frente Cardenista– muy pronto evidenció el interés real de algunos dirigentes. Pese a la disputa intestina por el manejo financiero, la campaña presidencial de Patricia Mercado en 2006 sobrevivió exitosamente, le permitió preservar el registro, obtener prerrogativas totales por 563.3 millones de pesos entre 2005 y 2009, cuando, ya sin el carisma de su candidata presidencial, no obtuvo el respaldo electoral requerido para existir legalmente.

Entre las aventuras políticas registradas en este siglo, las más fugaces han sido: el Centro Democrático –liderado por Manuel Camacho Solís y el actual canciller, Marcelo Ebrard– que sólo existió entre 1999 y 2000 con un financiamiento de 64.7 millones de pesos; el Auténtico de la Revolución Mexicana –con 63.5 millones de pesos–, postuló a Porfirio Muñoz Ledo como candidato presidencial, pero no resistió el desdén de su abanderado, quien los abandonó para adherirse a la postulación de Vicente Fox; Democracia Social que, encabezado por Gilberto Rincón Gallardo, prevaleció sólo dos años con prerrogativas por 64.5 millones de pesos.

Entre 2002 y 2003, Fuerza Ciudadana, el Liberal Mexicano y el denominado México Posible –evolución de Democracia Social– se conformaron como partidos que mostraron nulo arraigo entre el electorado, pero cuya frustrada experiencia en conjunto costaron al erario 290.1 millones de pesos. De 2014 a 2015 fue el periodo de existencia del Partido Humanista, que también resintió el impacto de la división por los manejos ­financieros.

Nueva Alianza tuvo una historia diferente. Tuvo de base al sindicato magisterial en tiempos que dominaba Elba Esther Gordillo; alcanzó un acuerdo de facto en 2006 para apoyar la campaña presidencial de Felipe Calderón, lo que le permitió preservar el registro. A partir de entonces y hasta 2018 su política de alianzas se guió por el pragmatismo para preservar el registro a escalas federal y estatal, lo cual lo llevó a aliarse con el partido del poder en turno y prolongar su existencia 13 años.

Aunque preservó el registro estatal en 19 entidades, Nueva Alianza sucumbió al arrastre de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Pese a ello, sus dirigentes han anunciado que buscarán de nuevo el registro como partido.