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Dos grandes cárteles se disputan Quintana Roo
 
Periódico La Jornada
Jueves 10 de enero de 2019, p. 15

El estado de Quintana Roo, donde se encuentran varios de los complejos turísticos más importantes del país, es disputado por grupos del crimen organizado por las ganancias que deja la venta de droga, la explotación sexual, el cobro de derecho de piso y las extorsiones a bares.

Pero, además, organizaciones como el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha consolidado algunas empresas que le sirven para lavar las grandes ganancias que obtienen por sus actividades ilícitas.

De acuerdo con reportes federales, Cancún y Playa del Carmen, por su gran afluencia turística nacional e internacional, es donde se centra la disputa de los grupos criminales, uno de ellos, el que encabezaba Leticia Rodríguez, Doña Lety, detenida en agosto de 2017 en Puebla por agentes de la Policía Federal en coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México.

Rodríguez compuso una célula para controlar Cancún con desertores de Los Zetas, cártel del Golfo y ex convictos; su grupo logró desplazar a las fuerzas especiales Zetas.

En respuesta, un grupo llamado Los Combos buscó ocupar Cancún y con eso la violencia se desató en ese centro turístico; mientras tanto, el CJNG comenzó a penetrar en otros lugares y se adueñó de Playa del Carmen.

La explotación sexual es otro de los grandes negocios para los grupos delictivos en esa entidad. En agosto de 2017, la Policía Federal logró liberar 34 mujeres extranjeras que eran tratadas en dos bares del municipio de Benito Juárez: 12 eran colombianas y tenían entre 18 y 33 años.

Durante otro operativo en el mismo municipio, los agentes liberaron a otras 22 mujeres, todas colombianas, menos dos venezolanas. De acuerdo con los testimonios, las chicas mencionaron que eran amenazadas por personal del bar para que entregaran el dinero que habían ganado a cambio de no dar aviso a las autoridades migratorias para que las detuvieran.

En esa red de explotación también se relacionó a Doña Lety; la Procuraduría General de la República abrió un expediente en mayo de 2012 por el presunto tráfico de indocumentados.