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Gobierno de Nicaragua expulsa a misiones de la CIDH que investigaban la violencia en las protestas
 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de diciembre de 2018, p. 27

Managua. Nicaragua expulsó este miércoles a dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país, dedicadas a investigar la violencia ocurrida durante los primeros días de las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, informó la entidad.

La CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), comunicó que el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fueron suspendidos por, supuestamente, no cumplir sus objetivos.

Le comunico la suspensión temporal de la presencia y visita de la CIDH y del Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni), hasta que se restablezcan las condiciones de respeto a la soberanía y los asuntos internos, se indica en una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El gobierno no se pronunció sobre el tema, pero la coordinadora del Meseni, Ana María Tello, aseguró que el canciller Denis Moncada les notificó que tienen que abandonar el país inmediatamente.

El Estado de Nicaragua comunicó el día de hoy (miércoles) la decisión de suspender temporalmente la presencia del Meseni en el país y de visitas de la CIDH a Nicaragua a partir de esta fecha, indicó la CIDH en un comunicado. Asimismo, comunicó la expiración del plazo, objetivo y misión del GIEI.

La CIDH lamenta la decisión de Nicaragua y comunica que el Meseni seguirá funcionando desde su sede en Washington, agregó.

La CIDH reitera que la situación de Nicaragua continuará siendo prioridad y reafirma su compromiso con las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

La suspensión de las misiones del GIEI y del Meseni se da un día antes de que el primero presentara su informe final sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo en Nicaragua.

En octubre, el GIEI criticó la falta de transparencia, independencia y autonomía del Ministerio Público para encontrar a los responsables de las muertes violentas ocurridas durante la ola de manifestaciones antigubernamentales.

Nicaragua atraviesa una de las peores crisis políticas desde que Ortega retomó el poder en 2007. Desde abril, miles de personas, en su mayoría jóvenes, han salido a las calles del país centroamericano para exigir la renuncia del mandatario, a quien acusan de comandar una dictadura familiar al lado de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

En los ocho meses de protestas antigubernamentales han muerto al menos 322 personas y más de 500 han sido encarceladas, según organizaciones de derechos humanos. En días recientes la situación se ha agravado con el cerco a periodistas y ONG críticas al gobierno.