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Las pesquisas se harán a partir de hoy: procuraduría

Existen 10 casos que preocupan, dice

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▲ La nueva procuradura general de Justicia, Ernestina Godoy, y su antecesor en el cargo, Edmundo Garrido Osorio, determinaron revisar toda la estructura y esperar el dictamen sobre el centro de espionaje recién decubierto.Foto La Jornada
 
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de diciembre de 2018, p. 38

A partir de hoy, uno de los 10 casos que investigará de manera prioritaria la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México es el centro de espionaje descubierto en calles del Centro Histórico, donde se aseguró equipo y documentos.

La dependencia tuvo conocimiento de dicho lugar al acudir una persona a la oficialía mayor a exigir el pago de rentas atrasadas a Sterling Capital, SA de CV, ante el cambio de administración y la negativa de sus ocupantes a hacer frente a dicha responsabilidad.

El espacio, sin embargo, no se encuentra en la lista de inmuebles arrendados por el gobierno de la ciudad, por lo que se envió personal de la contraloría interna y de la visitaduría al lugar, donde aseguraron equipo de cómputo, de videograbación y documentos.

Una vez conocida su existencia, el procurador saliente, Edmundo Garrido Osorio, le comunicó a su sucesora, Ernestina Godoy Ramos, y se determinó checar toda la estructura y esperar el dictamen de ambas áreas que está en el ámbito de su competencia.

Así que lo primero que haremos al tomar posesión del cargo será revisar 10 casos en especial, los cuales nos tienen muy preocupados, como este del espionaje y donde se habla de la participación de entre 30 y 40 agentes de la policía de investigación, comentó Godoy.

La revisión y análisis del equipo de cómputo, las videograbaciones y los documentos asegurados permitirá conocer si hubo tal espionaje, quiénes son y cuáles podrían ser los motivos, así como identificar si algún funcionario firmó el contrato de arrendamiento.

Dicho documento no se encuentra dentro del acta de entrega-recepción de la administración saliente, pero la empresa exige el pago de renta de este año, por más de 2.6 millones de pesos.

Según la información, desde el siglo pasado no se tenía conocimiento de un caso de espionaje, delito que contempla una sanción de 40 a 60 años de cárcel.