Con el homicidio del activista indígena Julián Carrillo Martínez, cometido el miércoles anterior, ya han sido asesinados siete ambientalistas en la región de la zona tarahumara en lo que va del año, quienes forman parte de una treintena de defensores de la tierra y el territorio que han perdido la vida en México de mediados de 2016 a la fecha, lo que convierte a ese gremio en uno de los más victimizados en el país.

El de Carrillo Martínez es un caso excepcional, pues además de él, cinco de sus familiares ya habían sido asesinados, aparentemente por participar en la lucha en defensa de los bosques de comunidades indígenas.

Las víctimas relacionadas con el activista son: su hijo Julián, el 5 de febrero de 2016; su sobrino Guadalupe Carrillo Polanco, el 1 de julio de ese año; su sobrino Alberto Quiñones Carrillo, el 1º de julio de 2017, y su yerno Francisco Chaparro Carrillo, un año después.

En esa misma zona de la sierra de Chihuahua también fueron asesinados, el 15 de enero de 2017 el defensor indígena Isidro Baldenegro López, ganador del Premio Medioambiental Goldman, y Juan Ontiveros Ramos, el 31 de enero de ese año.

Según el informe ¿A qué precio?, de la organización internacional Global Witness, en 2016 y 2017 ocurrieron en México 15 homicidios de ambientalistas –13 de ellos indígenas--, lo que convierte a México en el cuarto país más peligroso del mundo para esos activistas, detrás de Brasil (con 57 casos), Filipinas (48) y Colombia (24).

En su estudio, refirió que los factores que inciden en el alto nivel de violencia contra los ambientalistas en México son la colusión entre empresas y autoridades, la presencia de grupos del crimen organizado y que la gran mayoría de los casos nunca son esclarecidos y quedan impunes.