El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), Eduardo Ferrer Mac-Gregor, señaló que las políticas migratorias y de seguridad no pueden reñir con una protección efectiva a los derechos de los migrantes.

Durante su participación en la inauguración del segundo congreso internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas Constitucionales, sostuvo que la pobreza y la desigualdad siguen siendo una característica de América Latina.

Mencionó que sólo con objetivos comunes y esfuerzos compartidos de podrán derribar los muros que actualmente dificultan la consecución de la plena vigencia de los derechos humanos.

Por su parte, iglesias evangélicas, así como la Red de Cristianos por el Cambio, reprobaron el uso de las fuerzas de seguridad pública para detener a la caravana de migrantes hondureños, como ocurrió el viernes pasado en la frontera entre México y Guatemala, y cualquier violación a los derechos humanos.

En un mensaje dirigido a los titulares del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación y los legisladores Citlali Hernández y Mario Delgado, pidieron preservar la dignidad e integridad de los migrantes durante su estancia en los centros migratorios, agilizar y promover los trámites de asistencia y refugio para quienes lo soliciten.

Informaron que 47 templos de las iglesias adventistas, bautistas, presbiterianas e independientes están habilitados como refugios temporales para migrantes en la frontera, además de que funcionan como centros de acopio de comida, agua y ropa.

La Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes –formada por 26 coaliciones de 19 países– llamó al Estado mexicano a proteger a los menores migrantes que junto a sus familias huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica y se han sumado a la caravana.

Hemos venido señalando desde hace cuatro años la necesidad de construir un mecanismo trasnacional de protección especial para la niñez migrante entre Guatemala, Honduras, El Salvador y México, cuyo centro de atención sea el interés superior de la niñez y la adolescencia, en función del cual se construyan alternativas de articulación, programas, protocolos y líneas de operación para que sean las autoridades dedicadas a la protección de los menores quienes atiendan a esta población y no la Policía Federal o agentes migratorios, subrayó la red.