El contralor general de la Ciudad, de México, Eduardo Rovelo Pico, informó que se investiga a ocho servidores públicos del gobierno local y de Tlalpan por el derrumbe del colegio Enrique Rébsamen, donde durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017 perdieron la vida 19 niños y seis adultos.

Explicó que se anexó una investigación a las carpetas ya abiertas y que el expediente sigue en proceso de integración.

Estamos en etapa de desahogo de pruebas para fincar responsabilidades y estaremos en proceso de analizar todos los elementos de prueba para determinar lo que en derecho proceda, señaló.

Al comparecer ante la Comisión de Trasparencia y Combate a la Corrupción del Congreso local, Rovelo Pico dijo que la contraloría también ha encontrado observaciones en la aplicación de los más de 8 mil millones de pesos destinados a la reconstrucción, tanto en la etapa de la emergencia como de enero a la fecha, de las que dará cuenta en noviembre, antes del cierre de esta administración.

Agregó que aunque la investigación aún no está en la etapa de sanciones, a quien haya hecho uso indebido del recurso público y que sea comprobado tendrá una responsabilidad administrativa o penal.

Si algún servidor ha dispuesto indebidamente de recursos públicos para la reconstrucción le aplicaremos la norma jurídica. Si es calificada de falta grave, la justicia administrativa puede sancionar a los funcionarios con hasta 20 años de inhabilitación, y si es responsabilidad penal, será el fiscal anticorrupción el que determine la sanción.

Rovelo Pico también informó que se entregará la contraloría con superávit al próximo gobierno. Una parte proviene de penas impuestas por incumplimiento de proveedores y contratistas, la cual asciende a 8 mil millones de pesos; y otra, del subejercicio del presupuesto asignado a la implementación del sistema local anticorrupción.

El contralor general detalló que alrededor de 70 millones fueron utilizados en el diseño operativo y la estructura de la plataforma de fiscalización, y alrededor 30 millones no se gastaron porque estaban destinados a la renta de los inmuebles.

Al final, el presidente de la comisión, el diputado de Morena Carlos Castillo Pérez, señaló que en los días siguientes el Congreso comenzará a discutir el diseño y creación del sistema local anticorrupción, del que se desprenderá la figura del fiscal.