ndrés Manuel López Obrador, presidente electo, declaró que, como ofreciera en campaña y como parte de las medidas de austeridad republicana, los altos funcionarios públicos (y sus familiares) no dispondrán de seguros de gastos médicos y atención privada.

Al decir de Octavio Careaga –de THB México– podrían perder estas prestaciones casi 700 mil servidores públicos de altos niveles. Y documentó que –en el gobierno– hay tres clases de pólizas: vida, cubierta por Seguros Banorte (con costo de 5 mil 200 millones de pesos en primas trianuales); gastos médicos mayores (GMM), atendida por aseguradora MetLife México y aquella que ampara seguro para retiro, también de MetLife. Las primas por GMM se calculan en 6 mil 500 millones de pesos en primas trianuales y la aseguradora estaría dejando de percibir ingresos por 3 mil 250 millones ( El Economista, 15/8/18).

Careaga considera que, seguramente aquellos que no quieran acudir al Issste, comprarán una póliza de gastos médicos mayores con otra aseguradora o permanecerán en MetLife. Aunque algunos no podrán costearla por disponer de un sueldo menor. Por su parte, para evitar pérdidas MetLife podría seguir manteniendo su oferta a precios preferenciales o establecer arreglos sobre el costo de la cobertura.

Además de que cuentan con el seguro de conversión por medio del cual si salen, cambian de patrón o llegan a quedar desempleados, la aseguradora se obliga a garantizar la prestación bajo las mismas condiciones, pero de manera individual y respetando antigüedad. Por supuesto que, de cancelarse, aquellos que se estén tratando de alguna enfermedad –por las condiciones de prexistencia– difícilmente serán aceptados por otra compañía. Otra posible afectación sería un incremento en el precio de las pólizas.

Para Standard&Poor’s, la cancelación de GMM no tendrá un impacto en la solvencia de Metlife ( El Economista, 27/8/18). Hay quién estima que el ahorro por primas –2 mil 700 millones de pesos– podría diluirse por el costo del aumento de consultas Issste ( La Jornada, 22/8/18). Y también hay quién propone que, una alternativa, sería permitir que el gobierno federal mantuviera la colectividad del seguro GMM, trasladando el costo de la prima per cápita anual a los servidores públicos, actuando como administrador de los descuentos. Así, el seguro permanecería pero totalmente a cargo de los funcionarios (Grupo MDC, 8/18).

Cabe preguntar: ¿por qué reservar al gobierno federal como administrador? ¿qué garantías podrían buscar las aseguradoras? ¿respaldar esa colectividad significa mantener el mercado asegurador de funcionarios semicerrado?

Mientras tanto, los senadores de la República (64 Legislatura) iniciaron labores (el primero de septiembre) sin seguros de vida, gastos médicos mayores y separación individualizada. Igualmente ocurrió con los legisladores en la Cámara de Diputados.

Curiosa, por decir lo menos, resulta la perspectiva de la principal autoridad regulatoria: la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), a cargo de Norma Alicia Rosas. En su opinión el Issste quedará sobrecargado si se cancelan las pólizas: vislumbro mucho más una problemática para el instituto que tendrá que cubrir todas esas necesidades. ¿En qué información empírica-dura funda ese juicio? “Creo –prosigue– que debe hacerse un estudio mucho más concienzudo para ver cuál es la implicación y no sobresaturar al Issste”. ¿Entonces su juicio previo no está realizado a conciencia? Es probable, remató, que quienes disponen de un seguro de GMM con su poder adquisitivo puedan seguirlo comprando. Sin duda habrá oportunidad interesante para seguir ofreciendo este producto ( Reforma, 5/9/18).

Entonces: ¿ese segmento de la población sería usuario del Issste? Aún sufragando de su bolsillo ¿optaría por la oferta privada? Pero, en cualquier caso, su curiosa perspectiva –desde la máxima autoridad regulatoria– aparece mucho más contigua a la de los intereses bajo su regulación.

Norma Alicia Rosas comunica también que la CNSF, junto con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, están trabajando para que los aseguradores ofrezcan coberturas de GMM limitadas a personas que presenten enfermedades. Lo hemos estado planteando: es muy probable que la esa cobertura no sea uno de los mejores productos con los que cuenta el consumidor. Justo un problema ubicado en el centro del debate público sobre la participación complementaria del sector asegurador en las políticas modernas de salud.

Por su parte, el doctor Jorge Alcocer –designado secretario de Salud del gobierno entrante– ha señalado que (a diferencia del ciclo neoliberal 1982-2018), con la nueva política de salud federal se trata de conformar un sistema único con acceso igual para todos, así cómo ampliar la capacidad real de atención y fortalecer servicios de primer contacto ( La Jornada, 10/7/18). Lo que sigue es, entonces ¡mejorar los servicios Issste ya!

*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco