Bruselas. La Unión Europea (UE) analiza la posibilidad de crear un grupo de contacto para facilitar el inicio de un proceso democrático que resuelva a crisis política en Venezuela, anunció este lunes Federica Mogherini, alta representante del bloque para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Washington. La senadora demócrata Elizabeth Warren, considerada competidora clave para la candidatura presidencial de su partido en 2020, probó la veracidad de su origen indígena tras someterse a una prueba de ADN, cuyo resultado fue difundido ayer, luego de que el presidente Donald Trump se burló de ella poniendo en duda sus raíces nativas. Warren fue llamada Pocahontas por el mandatario durante la campaña en 2016, y la acusó de mentir sobre su origen con el fin de obtener ventajas en su carrera. Sin embargo, un análisis de ADN realizado por Carlos Bustamante, profesor de la Universidad de Stanford, demostró la veracidad de la ascendencia de Warren. Según el Boston Globe, el ancestro aparece en el árbol genealógico entre 6-10 generaciones atrás.

Managua. El independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos informó que quedaron en libertad todos los detenidos el domingo, incluidos tres dirigentes políticos, la defensora de derechos humanos Haydeé Castillo y el maratonista Alex Vanegas.

Budapest. Una enmienda constitucional que prohíbe vivir en áreas públicas entró en vigor el pasado lunes en Hungría. La enmienda autoriza a la policía a emitir advertencias a la población. Las sanciones para las personas que reciban cuatro advertencias en un periodo de 90 días, incluyen pasar un tiempo en prisión o trabajar seis meses en programas de obras públicas. La séptima enmienda a la Ley Básica, como ahora se le llama a la Constitución de Hungría, fue aprobada en junio por los legisladores. Además de las medidas contra las personas sin hogar, incluye otros artículos cuyo objetivo es proteger la cultura cristiana de Hungría y limitar en gran medida la posibilidad de que los refugiados reciban asilo. Las cortes declararon inconstitucional un intento previo del gobierno del primer ministro Viktor Orbán de criminalizar a quien viva en las calles. Al incluirlo en la Ley Básica se complica una impugnación legal, aunque los defensores de los sin techo señalan que es poco probable que la prohibición y la amenaza de encarcelar a los infractores resuelva el problema.