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Corresponde a las alcaldías declarar la moratoria urbana, señala el gobierno
Ángel Bolaños Sánchez y Rocío González Alvarado
 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de octubre de 2018, p. 35

El gobierno capitalino informó que tiene en estudio 237 solicitudes de dictamen de impacto urbano, polígonos de actuación y transferencias de potencialidades que ingresaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) antes del cierre de la ventanilla que ordenó el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, el 15 de julio, y aclaró que corresponde a las alcaldías aplicar la moratoria urbana al ser las que otorgan las licencias de construcción.

En conferencia de prensa, que presidió el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco, al concluir la sesión de la Coordinación Estratégica para Fortalecer el Desarrollo Urbano Sustentable en la Ciudad de México, la tarde de ayer, se informó que hasta ayer nueve alcaldías determinaron la suspensión de dicho trámite.

Como parte de la identificación de construcciones irregulares que realiza el grupo interinstitucional, formado por 13 dependencias, el Instituto de Verificación Administrativa clausuró 141 obras y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio puso bajo resguardo mil 828 folios, para impedir que se puedan celebrar contratos de compraventa.

La Seduvi precisó que el grupo ha determinado procedentes 35 dictámenes de impacto urbano, 46 polígonos de actuación y 13 transferencias de potencialidades, pero aclaró que ninguna construcción se iniciará mientras las alcaldías tengan suspendidos sus trámites.

En tanto, en el Congreso capitalino, el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Romo, junto con el presidente de la Comisión de Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda, Fernando Aboitiz, y el diputado panista Federico Döring, anunció que realizará un censo de irregularidades en los desarrollos inmobiliarios que están en proceso de construcción, deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones penales o administrativas que correspondan, como la demolición de los niveles excedentes.

Romo indicó que no es suficiente suspender los permisos, sino que se debe verificar el estado en que se encuentran los cerca de 400 desarrollos en la demarcación y que no queden impunes ilegalidades en las que hayan incurrido.