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Iniciativa de ley en San Lázaro

Proponen parar cobranzas a nombre del Infonavit

La venta de cartera vencida lesiona la dignidad de los trabajadores

 
Periódico La Jornada
Sábado 29 de septiembre de 2018, p. 10

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados propuso una reforma a la ley del Infonavit para que la cobranza de créditos vencidos no los ejecuten empresas privadas, sino el propio instituto; que se respeten los derechos humanos durante el procedimiento y prohibir que se cedan, enajenen o transfieran a personas físicas o morales los préstamos otorgados, aun cuando se consideren vencidos.

Rubén Moreira, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte expuso en la tribuna de la Cámara de Diputados que la Ley del Infonavit es clara al definir al instituto como un organismo de servicio social cuyo objeto es establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito barato y suficiente para adquirir una vivienda, así como para construir, reparar, ampliar o mejorar su hogar.

Cada año el Infonavit otorga más de 600 mil créditos, lo que representa una inversión de más de 200 mil millones de pesos. De acuerdo con datos del instituto, la cartera vencida asciende a 105 mil 864 millones de pesos, y su índice es de alrededor de 5.7 por ciento. La venta de cartera vencida a empresas privadas representa un perjuicio para los trabajadores, toda vez que la finalidad del instituto es velar para que ellos puedan acceder a una vivienda digna.

Con la falta de pago o la cancelación de un crédito, las empresas que compran la cartera vencida utilizan mecanismos para realizar la cobranza que ponen en riesgo no solamente el patrimonio, sino la dignidad de personas con prácticas fuera de la ley que implican incluso simulación de actos jurídicos, adujo el coahuilense.

Es importante señalar que el artículo 123 de la Constitución reserva a la Ley del Infonavit toda la materia de financiamiento del crédito para la obtención de vivienda, dentro de la cual se incluyen las políticas de otorgamiento y las de recuperación de adeudos. Este precepto constitucional es claro al señalar que la ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores po-drán adquirir en propiedad una casa habitación.

La propuesta se enfila a modificar la ley para que la cobranza de los créditos vencidos o que presenten retrasos sea ejecutada directamente por el instituto de vivienda, y que en todo caso en los procedimientos de cobranza se respeten los derechos humanos de los trabajadores; en los supuestos en que los crédito otorgados presenten retrasos, el instituto no subcontrate a personas físicas o morales para realizar requerimientos o acuerdos a nombre de él, y prohibir que se ceda, enajene o transfiera personas físicas o morales ajenas al Infonavit los préstamos otorgados, aun cuando se consideren vencidos.