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A 4 años del ataque en Iguala
PGR: aún no se emiten sentencias por motivos procesales
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de septiembre de 2018, p. 3

Cuatro años después de que se inició la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) atribuyó que no haya sentenciados a los tiempos procesales, debido a las impugnaciones presentadas por los detenidos.

Las circunstancias propias de los procesos penales, entre las que se encuentra el alargamiento procesal derivado de los recursos o medios de impugnación promovidos por los procesados en ejercicio de sus derechos, han arrojado que no exista todavía sentencia en relación con dicho caso, cuestión que no resulta atribuible al Ministerio Público, sostuvo.

Balance de las pesquisas

Al hacer un balance del estado que guarda la pesquisa para saber qué ocurrió con los normalistas en Iguala entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014, la PGR señaló que ha tomado declaración a mil 447 personas, se han realizado mil 945 intervenciones periciales, 22 cateos y cien extracciones de información de aparatos telefónicos y electrónicos.

Además, en todo momento se ha aplicado toda clase de recursos técnicos y materiales en las actuaciones y diligencias que componen los 620 tomos del expediente.

En materia de búsqueda, agregó, se han efectuado 650 acciones pie-tierra, coordinados con otras dependencias; han aplicado la tecnología Lidar en superficies de aproximadamente uno y 60 kilómetros cuadrados en zonas sugeridas por la representación de las víctimas.

Se han revisado de manera directa cientos de puntos específicos en búsqueda de fosas clandestinas, en lo que han intervenido de manera directa integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense y peritos de la PGR, con participación de la representación legal de las víctimas indirectas, y con apoyo de instrumentos como el georradar y con binomios caninos, aseguró.

Sostuvo que se han atendido las líneas de investigación planteadas por la representación de los familiares de los estudiantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las que se consideran necesarias a partir de la información que surge de las propias indagaciones referidas.