Campeche, Camp., Los municipios de Campeche y Champotón formarán la primera zona económica especial de la entidad, donde se prevé crear al menos 52 mil empleos directos y captar inversiones hasta de 3 mil 700 millones de dólares con la llegada de unas 39 empresas ancla, anunciaron ayer Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas, y el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

Durante la firma de un convenio que también suscribieron los alcaldes de Champotón, Raúl Uribe Haydar, y Campeche, Édgar Hernández Hernández, Gutiérrez Candiani precisó que el convenio asigna al proyecto alrededor de 100 hectáreas de Seybaplaya, Champotón, e incluye un paquete de incentivos estatales y municipales extraordinarios para actividades productivas, a los que se sumarán los de índole federal.

Moreno Cárdenas indicó que este convenio propiciará la llegada de inversiones y la construcción de obras en más de 2 mil 900 hectáreas en los municipios de Campeche, Champotón y Carmen. Agregó que el proyecto ofrece oportunidades de crecimiento y desarrollo para el estado, pues los empresarios gozarán de estimulos fiscales y de certeza a su inversión, porque –sostuvo– se asentarán en la entidad más segura del país.

Atraería inversiones por 3 mil 700 millones de dólares

Afirmó que con la firma del acuerdo los negocios podrán establecerse para generar empleo, inversión, crecimiento y desarrollo. Señaló que más de 39 empresas ancla podrán crear 52 mil empleos en Campeche en los próximos 20 años, e invertir más de 3 mil 700 millones de dólares.

Gutiérrez Candiani consideró que el objetivo es cambiar el futuro del sur-sureste mexicano, facilitar su integración con el resto del país y el mundo, así como abatir los rezagos que han frenado su progreso.

Entre los incentivos estatales que Campeche otorgará a los inversionistas destacan la exención de los impuestos sobre nómina, sobre servicios de hospedaje, adicional para la preservación del patrimonio cultural, a infraestructura y deporte; derechos por servicios prestados por las autoridades del Registro Público de la Propiedad y el Comercio y derechos por los servicios prestados por las autoridades de las secretarías de administración pública estatal y sus órganos administrativos desconcentrados.