ecientemente, Cepal publicó un trabajo titulado La ineficiencia de la desigualdad, en el que insiste sobre una tesis central sostenida a lo largo de sus años de vida: la de-sigualdad es no sólo injusta, sino ineficiente: es un obstáculo al desarrollo y a la consecución de la sostenibilidad. Cepal plantea que en América Latina el tema distributivo mejoró en el decenio anterior, pero se estancó en los años recientes, debido directamente a la disminución del ritmo de crecimiento, que entre 2012 y 2017 fue en la región de 2.3 por ciento en promedio, lo que contrasta con 3.8 por ciento de los años anteriores. Lograr avanzar en un camino de mayor igualdad no es únicamente un imperativo ético, es condición necesaria para acelerar el crecimiento de la productividad, la creación de riqueza y, por ello, lograr el desarrollo.
Si nos proponemos reducir la de-sigualdad es necesario reconocer que hay una clara interdependencia entre fiscalidad y provisión de bienes y servicios públicos. En este propósito, además, se requiere reconocer –como lo advierte Cepal– que la crisis financiera que estalló en 2007 y se agudizó con la quiebra de Lehman Brothers hace justamente 10 años, provocó un impresionante deterioro del bienestar de la humanidad. Este rezago ha llevado a crear un consenso global sobre los riesgos de la economía financiera. Aunque el sistema financiero de nuestro país no participó de la colosal expansion global del crédito de los primeros años de este siglo, sin embargo, se lleva utilidades anualmente que resultan desproporcionadas en relación con el crecimiento de la economía mexicana y del crecimiento de su propia operación crediticia.
De acuerdo con los datos publicados, los bancos comerciales que operan en México lograron que sus utilidades crecieran más de 12 por ciento al segundo trimestre de este año respecto de hace un año, en tanto la economía en ese mismo periodo creció cerca de uno por ciento y en el segundo trimestre de 2018 incluso decreció. El tema importa porque en la lucha para abatir la de-sigualdad es indispensable que la política macroeconómica no se concentre en controlar la inflación, sino que se ocupe de que las utilidades que se generen en el país sirvan para el crecimiento económico, de operar políticas anticíclicas que diversifiquen la producción y que se sustente en buenas políticas fiscales que permitan generar bienes y servicios públicos.
No puede olvidarse que la desigualdad en nuestro país, como en toda América Latina, se sustenta en una cultura del privilegio que se expresa en tres formas: primero, la desigualdad se entiende como derivada de la diferencia que está en la naturaleza humana; segundo, quienes imponen las jerarquías sociales no son imparciales; tercero, esta jerarquización se difunde mediante actores, instituciones, reglas y prácticas. Entre las reglas en las que se expresa esta cultura del privilegio está el sistema tributario, que impide que la fiscalidad provoque efectos redistributivos significativos. Por supuesto que todo esto está correlacionado con la ausencia de democracia o con limitaciones democráticas. Si la democra-cia se fortalece es posible y deseable que se combata eficazmente la cultura del privilegio y sus consecuencias en la generación de mayor desigualdad.
La llegada de la nueva mayoría política al gobierno federal, al de varias entidades y al Congreso de la Unión hace posible y altamente deseable que se actúe para evitar que los conflictos y desequilibrios provocados por la concentración del ingreso y de la riqueza se exacerben. Si las acciones instrumentadas son exitosas, entonces se reducirán los flujos migratorios y, por supuesto, la crisis de gobernabilidad en la que vivimos. El éxito dependerá de que se entienda que sin una nueva fiscalidad claramente progresiva no podrán producirse mejoras distributivas que sean permanentes. Sostener que el país puede cambiar de modelo económico a partir de correcciones al gasto público y eliminación de la corrupción, implica desconocer que la desigualdad es estructural, que se ha construido en base a una cultura del privilegio que se reproduce cotidianamente en el funcionamiento económico, político y social.
Los bancos comerciales son un buen ejemplo de esta cultura del privilegio. Se entiende como natural que las filiales mexicanas de los bancos españoles resulten más rentables que las filiales españolas cuando se pasa de las utilidades brutas a la utilidades netas. BBV España tiene un mejor resultado financiero al comparar las utilidades brutas generadas, pero al deducir impuestos y participaciones en las utilidades la filial mexicana se convierte en la más rentable. Una situación de este tipo es completamente injustificada. El fisco mexicano requiere recursos que debiera destinar al desarrollo social, al bienestar social. No hay razón para que no se le grave fiscalmente como corresponde.
